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Vándalos continúan imponiendo su “ley” por el control de rutas

Los incidentes de violencia provocados por grupos que dicen representar a los choferes afiliados a algunas rutas continúan registrándose en el país en las narices de las autoridades llamadas a controlarlos, a pesar de que muchos terminan con personas heridas y, en el peor de los casos, fallecidas.

Dos de esos grupos, cuyas denuncias este medio se ha hecho eco en otros años, es el que todavía se impone en la carretera de Yamasá, en San Felipe, Villa Mella, y que cubre la ruta del kilómetro 18, Canaán I y II, en Punta, hasta la avenida Nicolás de Ovando con Máximo Gómez.

La seguridad de los usuarios del citado trayecto frecuentemente se ve amenazada por las pedradas a los vehículos, intimidación con armas blancas y bates, contra los conductores “piratas” y a veces vehículos familiares que son confundidos por este concho.

Sichogel y Sichomesa son las empresas que controlan la ruta de San Felipe, Villa Mella hasta la Ovando, esquina Máximo Gómez, las que cobran RD$125.00 diario a los choferes afiliados, que se quejan de que no se sienten representados por esas empresas.

Alegan los trabajadores del volante que “eso es un desorden total” porque siempre y cuando se le pague los RD$125.00 cualquier conductor, sin importar que le toque conchar, puede hacerlo, a lo que atribuyen el origen de los conflictos.

Otra ruta que está próxima a la de Sichogel y Sichomesa es la 47, del Servicio de Transporte de Villa Mella y que le que corresponde transitar por la avenida Los Restauradores hasta Sabana Perdida, cuyos conductores dicen es organizada y cuando tienen un problema familiar grave son apoyados, incluso, económicamente por esa empresa.

Muertos y lisiados

Las reiteradas riñas que surgen por las disputas de las rutas en el país han concluido en muchas ocasiones en pérdidas humanas. Una de estas tragedias ocurrió el 17 de marzo del 2010, con las muertes de Apolinar Fortuna Rivera, de 40 años, afiliado a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opcion, y Freddy Jiménez Paniagua, cobrador de la guagua, en la Parada 13 de la avenida Hermanas Mirabal esquina avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella. Ambos fallecieron por heridas de balas.

En ese incidente también resultaron heridos José Ramón Antigua y Paulina García de la Cruz.

En enero del 2015 fueron asesinados los choferes Overnys Guerrero, de 33 años, y Ángel Javier, de 46 años, en la calle Juana Saltitopa, esquina Ana Valderde, del Distrito Nacional, crímenes que Fenatrano ha atribuido al sicariato en un conflicto que sostiene con la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin).

También, en octubre del 2017, al chofer Juan García Rodríguez, de 36 años, otro conductor le cercenó una mano tras una discusión por el turno de la ruta, en la avenida John F. Kennedy, esquina Winston Churchill, Distrito Nacional. La identidad del agresor en ese momento no se dio a conocer.

En julio del 2018 fue ultimado de un tiro en la cabeza el chofer Franklin Duval Terrero, de 23 años y de la ruta 73C que cubre los sectores de Brisas del Este, Charles de Gaulle, Mercado de Los Mina y la carretera Mella por el control de una ruta de guagua.

“Un tema de orden público”

El propulsor de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito, el diputado Tobías Crespo, declaró recientemente a Diario Libre que los conflictos que se generan por las rutas es un tema de orden público que compete a la Policía Nacional, a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y al Ministerio Público.

“La Digesett es la que tiene que tener control de las vías para dar cumplimiento a la ley. Esa exigencia no sería al Intrant sino a la Digesett porque estamos hablando ya de viabilizar la vía, fiscalizar es un tema de orden público que corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Ya esos tipos de actitudes son vandálicas y están tipificadas en el Código Penal y aunque la Ley (63-17) también establece sanciones no se tenía que esperar a ella para intervenir en esos conflictos”, dijo.

No obstante, el vocero de la Digesett, Hilman Pimentel, declara que es una competencia del Intrant, que es la institución que regula y otorga los permisos de circulación.

“Independientemente de que en un momento, si hay agentes de la Digesett, (cuando se originan los conflictos), primero como policía y como agente de la Digesett tratan de intervenir para evitar agresiones pero más de ahí no puede hacer porque quien regula, otorga y regula los permisos de circulación en materia de ruta es el Intrant”, afirmó Pimentel.

Para emitir su consideración citó el artículo 21 de la Ley 63-17 que establece que los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) “serán responsables de viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia en las vías públicas, y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos”.

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