La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, compuesta por los jueces, Sulpicio Almonò, Saturnia Rojas y Ramón Gil, al proceder a modificar la sentencia contra Marlyn Martínez, a la vista de la familia Peguero Polanco y las autoridades del Ministerio Público, por segunda ocasión asesinaron a la menor embarazada Emely Peguero Polanco.
Haciendo suyo el tecnicismo judicial de que para que haya complicidad en un crimen tan horroroso como el de la menor, debe haber una participación activa del sujeto antes y durante el crimen, pruebas que presuntamente el Ministerio Público y abogados de la citada familia, no aportaron para que pudiesen dar lugar a la tipificación jurídica de la complicidad.
Quizás para lavarse las manos como Pilatos, los magistrados jueces ratificaron la condena a 30 años de prisión contra su hijo, el estudiante Marlon Martínez, aduciendo que el hecho fue un asesinato y actos de torturas y barbaries, no un homicidio voluntario, como argumentó la barra de la defensa de la familia Martínez.
Aunque la Procuradora Fiscal, Smarlyn Rodríguez anunció que con relación a la decisión que favorece a Marlyn Martínez, procederá a recurrir en Casación, por ante la Suprema Corte de Justicia, lo que sucedió ayer en la Cámara Penal de la Corte de Apelación, deja en la cuerda floja la aplicación de justicia contra cómplices de crímenes, como el que nos ocupa en estos momentos.
Si ordenar a su hijo resolver el problema de embarazo de la menor, si facilitar su apartamento para el crimen, si pagar para el ocultamiento del cadáver y cometer perjurio en torno a dónde estaba la menor embarazada al ser dada por desaparecida, no es complicidad, entonces hay retornar a las aulas universitarias, en particular a las de la Facultad de Derecho.
¡Que Dios se apiade de éstos jueces, porque hasta que se pruebe lo contrario, asesinaron por segunda ocasión a la menor embarazada Emely Peguero!!!!!
Antonio María Jiménez es locutor y periodista, director del Noticiario 1070 y dirige varios programas en Hibi Radio. Correo: redaccion@antoniomaria.net
Los jueces de la Corte de Apelación de esta ciudad confirmaron la condena de 30 años contra Marlon Martínez por la muerte de Emely Peguero, pero le cambiaron la calificación jurídica de homicidio voluntario por el de asesinato.
Con su decisión los jueces acogieron en parte el recurso de apelación del Ministerio Público y la parte querellante, pero rechazó cambiar de recinto carcelario al condenado.
Se recuerda que Marlon ya había sido condenado por un tribunal de primera instancia, pero lo condenaron por un homicidio involuntario que se produjo a raíz de un aborto.
Los jueces Sulpicio Almonó, Saturnina Rojas Hiciano y Ramón Gil, consideraron que el tribunal de primera grado no motivó de manera adecuada los argumentos del Ministerio Público.La transmisión en vivo:
En uno de ellos el Ministerio Público solicitó que a Marlin se le imponga una pena mayor de 20 años, y se le condene por complicidad en asesinato.
En el caso de Marlon Martínez, la Fiscalía pide que se mantengan los 30 años y que se le cambie la categoría jurídica de homicidio voluntario a asesinato.
Sin embargo los abogados de Marlon y Marlin Martínez también hicieron solicitudes a la Corte. El abogado Ricardo Reina, defensor de Marlon, solicitó cambiar la tipificación de tortura y barbarie por homicidio involuntario, y que se le dicte entre cinco a 10 años de prisión.
Mientras que la abogada Ingrid Hidalgo, defensora de Marlin Martínez, solicitó al tribunal que ordene un nuevo juicio de fondo contra su defendida, bajo el argumento de que Marlin no violó los artículos 354 y 359 del Código Penal Dominicano, sobre sustracción de menores y ocultamiento de cadáveres. Entiende que la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de esta demarcación no fue justa.
La provincia Duarte ha vigilado de cerca el proceso y esperan una sentencia más severa contra los condenados. Se recuerda que la condena de cinco años de prisión que le impusieron a Marlin Martínez por la sustracción de Emely Peguero y el ocultamiento del cadáver, generó gran indignación en la sociedad, y en algunos pueblos de la provincia Duarte se escenificaron protestas violentas por el disgusto colectivo.
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