Termina el periodo para opinar sobre la iniciativa de la Administración Trump que pretende negar la residencia, a algunos que pidan ayudas de servicios públicos
Este lunes 10 de diciembre vence el plazo dado por el Gobierno federal para que el público emita sus opiniones sobre la propuesta de la llamada norma de ‘carga pública’, que pretende negar beneficios migratorios a quienes reciban ayuda pública, y que según la Administración Trump, se conviertan en una carga para el país.
Y aunque la norma todavía no se ha consolidado y apenas entrará en el proceso de análisis, en el cual el Gobierno deberá revisar los miles de comentarios de más de 130,000 personas, inmigrantes que se encuentran en medio de procesos de beneficios migratorios no ocultan que toda esta situación ha generado temor.
Aunque, de ser aprobada, la iniciativa de carga pública solo afectaría a los inmigrantes solicitantes de residencia que al momento de entrar en vigor la ley sigan recibiendo ayuda de programas de salud, sean considerados carga permanente, o reciban ciertos cupones de alimentos, el tema no deja de causar malestar.
Así lo confiesa la dominicana María Lugo, quien actualmente está sometiendo documentos ante la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y aunque sabe que la norma no será de carácter retroactivo ni afecta a residentes, todavía tiene zozobra.
“Esto ha sido un terror. La gente tiene pánico y el Gobierno está sembrando mucho miedo con eso. Yo, por ejemplo, he recibido servicios médicos y de alimentos, y he tenido la duda de mejor dejarlos porque uno con tantos años aquí, y que tal que de buenas a primeras venga un señor que sabe imponerse en los negocios y que quiere llevar el país como si fuera un hotel, a hacernos la vida imposible”, comentó la residente del Alto Manhattan.
“En este país hay hambre y si el Presidente sigue adelante con esa idea, va a llevar a que haya más asaltos. más crímenes de los que estamos viendo ahora. Que no se haga el ciego y el sordo, que aquí hay gente que pasa hambre”, agregó la antigua mesera, agregando que no teme levantar su voz públicamente porque la ampara el derecho a la libertad de expresión.
Piden calma a la comunidad
Ángela Fernández, presidenta de la organización Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights, pidió calma a la comunidad y aclaró una vez más que el proyecto apenas es una iniciativa que tendrá que pasar por varias etapas antes de entrar en vigencia.
“Por eso le pido a la gente que recibe ayuda pública que no la deje de recibir, que la siga recibiendo y que entiendan que no es que esa norma, si es que se aprueba, va a castigar a quienes hayan recibido ayuda antes de que sea efectiva”, comentó la activista. “Eso puede tomar hasta un año”.
La abogada Leena Khandwala, de la organización The Legal Aid Society, también explicó a los neoyorquinos temerosos que quienes estén aplicando para ser ciudadanos y quienes ya recibieron su tarjeta de residencia, no tienen nada de que preocuparse.
“Nada ha cambiado por ahora y si llegara a ser aprobada, lo más rápido que empezaría a ser efectiva sería en marzo del 2019, pero no incluiría ni a los residentes ni a quienes hayan recibido beneficios de esa fecha hacia atrás”, explicó la abogada.
Confusión entre inmigrantes
Leonidas Bautista, quien está en proceso de solicitar su ciudadanía, confesó que está muy confundida con tanta información y aseguró que hasta ella ha sentido temor, siendo residente.
“La idea es pésima, porque va a afectar a la gente y se siente el temor entre todos. Da miedo, porque muchos ya no van a poder continuar con su proceso o por el miedo de que por cualquier detallito nos nieguen las cosas, muchos van a dejar de comer o tener salud, eso no es justo”, dijo la dominicana. “Todo esto ha generado mucha confusión, por eso creo que tienen que explicarle bien a la gente, porque tienen miedo de lanzarse, porque no saben lo que va a venir de allá”.
Y aunque los expertos advierten que finalmente el número de personas que podría afectarse en sus procesos de residencia sería mínimo, porque la carga pública no incluiría programas ampliamente utilizados como cupones de alimentos generales y ciertos planes de vivienda, el temor ha comenzado a hacer que muchos beneficiarios ya hayan empezado a dejar de recibir beneficios. Incluso se estima que más de 350,000 neoyorquinos pacientes de los hospitales públicos, entre ellos 62,000 personas que podrían abandonar el Medicaid, queden a su suerte.
“Sabemos que una gran mayoría de individuos que podrían tener acceso a SNAP (programa de cupones de comida), Medicaid o Medicare, o la Sección 8 (asistencia de vivienda), son individuos que ya tienen un estatus legal en los EEUU; que ya son residentes legales, pero que no están accediendo a estos beneficios en cantidades mayores que los nativos estadounidenses (…) Ellos ni siquiera serían impactados por esta regla que el mismo Gobierno Federal ha admitido ha creado mucho miedo y confusión”, dijo Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigración.
“Esta agenda antiinmigrante que estamos viendo a nivel federal está teniendo un efecto muy negativo, y ya estamos viendo a personas que están decidiendo no acceder a estos recursos que son tan necesarios y que deberían obtener porque todas estas son familias trabajadoras que en un momento de crisis podrían necesitar un poco de apoyo para mantenerse en pie”, dijo Mostofi, quien añadió que en 2017 los inmigrantes contribuyeron con $195,000 millones a la economía de la ciudad y son dueños del 50% de todos los pequeños negocios en la urbe.
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