La ley de tránsito genera fricción Intrant y Digesett en RD


A poco más de un año de su entrada en vigor, la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ha comenzado a tropezar con conflictos de competencia entre el organismo rector y una de las entidades que forman parte del engranaje institucional creado por dicha legislación.
Los conflictos se han generado, según han revelado fuentes al LISTIN DIARIO, porque la actual Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (antigua AMET) supuestamente trabaja al margen del organismo rector, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en algunas tareas.
La Ley 63-17 fue promulgada en febrero de 2017, pero el INTRANT comenzó a funcionar en julio de ese año, cinco meses después, bajo la dirección de la ingeniera Claudia Franchesca de los Santos.
Se citó, por ejemplo, que en algunas vías la DIGESETT (antigua AMET), ha estado realizando señalizaciones y hasta reparando calles, aceras y contenes cuando tales trabajos le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, bajo la coordinación del INTRANT.
 También se refirió que las señales colocadas por Obras Públicas por instrucciones del INTRANT en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln, como parte de un proyecto denominado “Peatón seguro”, fueron retiradas en dos ocasiones por la DIGESETT, alterando así los propósitos de adecuar el área para garantizar una movilidad segura a más de 43,000 peatones que cruzan diariamente por allí.
Las misiones de ley de ambos organismos
La ley faculta a la DIGESETT para viablizar, fiscalizar, supervisar, controlar y vigilar en las vías públicas las actividades sectoriales, mientras que el INTRANT es el responsable de coordinar con el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional, las acciones y actividades de la DIGESETT.
 Se han dado casos, dijo la fuente al LISTÍN DIARIO, en que la DIGESETT ha publicado en sus cuentas de redes sociales los tapones o inconvenientes que se producen cuando el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones ejecutan trabajos de reordenamiento vial.
Por igual, se denunció que el programa de aplicación de los alcoholímetros en calles y carreteras para medir el grado de alcohol de los conductores, no ha podido ponerse en práctica por culpa de estos conflictos de competencia.
Los alcoholímetros fueron donados al INTRANT por un ente internacional. Un grupo de oficiales de la DIGESETT tomó un entrenamiento especial para aprender a utilizarlos, pero todavía no ha podido instalarse el llamado “primer retén piloto” de este plan porque, supuestamente, la DIGESETT habría alegado que no está en capacidad de hacerlo.


Más de la mitad de conductores de RD no tienen licencia



Se estima que aproximadamente el 57 % de los conductores que circulan en las vías de República Dominicana no tienen permiso para hacerlo.

El dato está contenido en el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial (2017-2020) presentado por la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, que apunta a intervenir los principales focos de la problemática en el país planteando propuestas de corto, mediano y largo alcance.

El documento, de 140 páginas, destaca que en el porcentaje de licencias otorgadas versus las vigentes y los procesos de renovación anuales se observa un comportamiento a la baja. “Resulta altamente preocupante esta tendencia, la cual guarda estrechamente relación con la debilidad del sistema de sanciones y consecuencias” considera el informe.

Conductores deben reunir requisitos

Respecto a la licencia de conducir, dicho plan recomienda que el registro de conductores sea fiable y que garantice que las personas que hayan obtenido su permiso para conducir reúnan todos los requisitos exigibles y que hayan superado todas las pruebas para obtenerlo.

Plantea, entre otras cosas, modificar las condiciones actuales de edad mínima y experiencia en la conducción necesaria para la obtención de la licencia y fortalecer las escuelas de conductores con instructores debidamente preparados.

El Plan fue estructurado atendiendo al objetivo de que para el año 2020 las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito se reduzcan en un 30 %.

En su línea de acción, está intervenir el factor humano a través de la mejora en la capacitación de los profesionales relacionados con la problemática, de los propios conductores y la implementación de la educación vial en las escuelas.

El aumento del parque vehicular, que al cierre del año 2017 ascendió a 4 millones 097,338 unidades, unido a la antigüedad de las unidades y la inexistencia de una adecuada y sistemática inspección vehicular, hace cada vez mayor el desafío para lograr la disminución de las muertes causadas por accidentes de tránsito, explica el documento.

Indica que la República Dominicana cuenta además, con un activo de alto valor representado en 19,705 kilómetros de red vial, de los cuales 5,514 kilómetros son de carreteras, 8,672 kilómetros son caminos vecinales y 5,519 kilómetros de caminos temporales y trochas.

Sin embargo, el plan sostiene que aunque la infraestructura vial es valorada como una de las mejores de América Latina, la misma requiere intervenciones puntuales para solucionar deficiencias en los tramos carreteros, en los de concentración de accidentes y puntos críticos, al margen de la construcción de las nuevas vías así como la rehabilitación, ampliación y mejoras de las existentes.

Principales infracciones colocadas en seis años

Sobre los controles establecidos para la seguridad vial y el proceso de fiscalización y sanción, se verifica que las principales infracciones registradas durante 2010-2016 en el país son las siguientes: violación a la luz roja, conducir sin usar el cinturón ni el casco protector, uso del celular y otros elementos de distracción. Otras causas son no usar los sistemas de retención infantil, exceso de velocidad y la ingesta de alcohol.

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