Los Nuevos Actores del Caso de la Compañía Odebrecht

Voz Editorial Hibi Radio 1070, 8-5-2018
Cuando la sociedad dominicana creía que las investigaciones en torno a los señalados como beneficiarios del soborno pagado de 92 millones de dólares por la empresa brasileña Odebrecht, éstas habían sido lanzadas al zafacón del olvido, el Procurador General de la República se destapa implicando a los periodistas Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo.
El doctor Jean Alain Rodríguez adelantó que el Ministerio Público obtuvo autorización del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, doctor Francisco Ortega Polanco, para investigar a estos periodistas alrededor de sus productos financieros así como los de sus empresas.
Los señores Alcántara y Martínez Pozo en vez de ponerse a disposición de la autoridad judicial, procedieron en acusarlo de ser un “engreído”, que no está capacitado ni profesional ni emocionalmente para ejercer la función como máximo representante del Ministerio Público.
Desde las Marchas Verdes los más diversos líderes sociales y religiosos han reclamado que más allá de los 14 sometidos a la justicia, existen otros funcionarios, legisladores y políticos, que deben ser sentados en el banquillo de los acusados.
Así como lo hizo la fiscal, doctora Yeni Berenice Reynoso, el Procurador necesita el apoyo de muchos sectores organizados para hacer realidad el reclamo de Marchas Verdes, porque existen periodistas, políticos y empresarios, que se creen “vacas sagradas” en el gobierno de Danilo Medina y del PLD.
La máxima autoridad del Poder Judicial no debe dejarse tumbar el pulso por esas presuntas “bocinas del gobierno”, que el rumor público las ligas al caso de Odebrecht y visibles actividades gubernamentales, que han terminado engordando de manera exorbitante sus cuentas bancarias.
Antonio María Jiménez
Antonio María Jiménez es locutor y periodista, director del Noticiario 1070 y dirige varios programas en Hibi Radio. Correo: redaccion@antoniomaria.net

SANTO DOMINGO. A un mes de vencerse el plazo para que la Procuraduría General de la República presente acusación formal contra los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht entre 2001 y 2014, surgen nuevos actores y elementos que enfrentan al Ministerio Público con dos comunicadores que consideran su accionar como un atentado a la libertad de expresión.
El Ministerio Público confirmó que obtuvieron autorización del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, para investigar a Dany Alcántara, Julio Martínez Pozo y sus familiares, porque pudieron haber sido utilizados por el empresario Ángel Rondón Rijo para entregar dinero a los funcionarios y exfuncionarios públicos como soborno a nombre de Odebrecht.
Los productos financieros de los comunicadores así como los de sus empresas están siendo investigados tras autorizarse la inmovilización de esos fondos.
Martínez Pozo y Alcántara acusaron a Rodríguez de ser un “engreído”, que no está capacitado ni profesional ni emocionalmente para ejercer la función como máximo representante del Ministerio Púbico y que se ha ensañado con ellos por sus comentarios en los medios.
Lo acusan de actuar como un consorciado de Odebrecht porque no ha investigado los supuestos sobornos también pagados por las empresas que junto a la multinacional brasileña se beneficiaron de obras del Estado.
En un documento leído en el Colegio Dominicano de Periodistas sostuvieron que el procurador pidió autorización para realizar una investigación contra ellos y familiares incluidos esposas e hijos, “alegando vinculación con el imputado Ángel Rondón y so pretexto de que pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero, producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas”.
“Es decir -aclaró Dany- que en las cuentas de Julio, que en la cuentas de Dany eran donde se recibían los fondos con los que supuestamente se habrían hecho sobornos a congresistas y funcionarios”.
El Ministerio Público confirma investigación
Julieta Tejada, directora de comunicaciones del Ministerio Público, confirmó y defendió la investigación pero rehusó referirse a la cantidad de nuevos investigados por el caso.
“Sí, están siendo investigados por orden de un juez, como están siendo investigadas muchísimas otras personas y los resultados de esas investigaciones dirán si existen indicios penales o si no existen”, expresó.
La fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso también defendió a Alain Rodríguez.
“Sí @JeanARodriguezS acude ante el juez a pedir las órdenes necesarias no puede decirse que está abusando. Investigar a quienes las indagatorias requieran es su obligación. Siga adelante magistrado que le aseguramos que no estará solo en la lucha contra la corrupción”, escribió la fiscal en su cuenta de Twitter.
El Colegio de Periodistas se desliga
El Presidente del Colegio de Periodistas, Adriano de la Cruz, no apoya ni rechaza las declaraciones de los comunicadores.
“Quiero que vean mi presencia aquí como el administrador de esta casa. Este es el colegio de periodistas, esta es su casa, cualquier situación que ustedes tengan y vivan tienen que venir al Colegio Dominicano de Periodistas, nosotros ni rechazamos ni apoyamos, esta es la casa de los periodistas. Bienvenidos, realicen su tarea”, dijo Cruz.
Rafael Núñez, exvocero de la Presidencia durante la administración de Leonel Fernández, denunció que esto forma parte de una supuesta campaña sucia a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) liderada por allegados a Danilo Medina contra Fernández por su posición sobre la Ley de Partidos.
Respeto al debido proceso
La Procuraduría dijo desconocer la vía por las cuales Martínez Pozo y Alcántara se enteraron de la investigación e indicó que como Ministerio Público emitieron un comunicado horas antes de la rueda de prensa de los investigados por la facultad que tienen para hacerlo porque como entidad han actuado apegados al debido proceso de ley. “La Procuraduría General de la República hace uso de la facultad que tiene para comunicar en un momento dado lo que entienda debe ser de interés nacional”, respondió Julieta Tejada.

A la Procuraduría General de la República le queda un mes para presentar su acusación formal en el caso de sobornos de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, que ha involucrado a funcionarios y empresarios dominicanos.
La empresa brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para hacerse con obras públicas en República Dominicana, en medio de un escándalo internacional por prácticas similares en otros países de la región.
El plazo de ocho meses que inicialmente otorgó el juez especial Francisco Ortega al Ministerio Público para presentar acusación formal fue extendido en febrero por otros cuatro meses.
Cuando se concedió esa extensión el magistrado indicó que con el nuevo plazo la acusación debía ser presentada hasta el 9 de junio del presente año.
“En el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas.

Los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación.

Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”, reza un comunicado difundido ayer por la Procuraduría General de la República.
Los apresamientos del caso Odebrecht comenzaron el lunes 29 de mayo de 2017, luego de largas semana de espera y expectativas por los supuestos listados de involucrados enviados desde Brasil a las autoridades dominicanas.
Las medidas de coerción contra los involucrados se impusieron el 7 de junio de ese mismo año, de modo que cuando concluya todo el proceso de instrucción el caso ya llevará un año.
Los acusados
Los catorce acusados por el caso son el ex ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y el exdiputado del PRD, Ruddy González.
También el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo De Oleo Ramírez.
Por igual el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, y el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez; los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como a Alfredo Pacheco, vocero del bloque de diputado del PRM.
También los señores Ángel Rondón, Conrado Pitaluga y Bernardo Castellanos de Moya.
Hoy se conoció que los periodistas Dany Alcantara y Julio Martínez Pozo también están siendo investigados por el caso.
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