Allanan consultorio de oncólogo que atendió a “Quirinito” en Santiago
Fiscales adjuntos y efectivos de la Dirección de Investigaciones criminales (Dicrim), allanaron el consultorio del oncólogo César Augusto Rojas Núñez en esta ciudad, quien en varias oportunidades había atendido al entonces reo Pedro Alejando Castillo Paniagua “Quirinito”, contra quien han emitido una alerta de captura internacional.
Ya en otras ocasiones la sede del centro asistencial situado en el sexta planta de la clínica Unión Médica de esta ciudad había sido allanada, en busca de datos sobre “Quirinito”.
Se dijo que el fugitivo estuvo tres veces en dicho consultorio donde había sido diagnóstico con cáncer en la lengua, ya en fase avanzada.
La presencia de los funcionarios judiciales y agentes policiales en el concurrido centro asistencial privado generó curiosidad y algunas dificultades al menos en la planta donde está ubicado el consultorio.
No se estableció si Rojas Núñez será detenido en esta oportunidad por las autoridades que investigan el sonado caso de la supuesta fuga, luego de simular su muerte del tal Quirinito.
Octubre 9, 2017
Caso Quirinito revela vulnerabilidad del sistema judicial y penitenciario (VIDEO)
El caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Quirinito” , pone en evidencia la vulnerabilidad no solo del sistema judicial, sino también del penitenciario y del sector médico.
Con certificaciones médicas falsas, como se ha establecido, el condenado a 20 años de prisión por homicidio, logró su traslado del centro de corrección y rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, al de Vista del Valle, de San Francisco de Macorís; el cambio de lugar de cumplimiento de la pena de un recinto penitenciario a una casa, y finalmente, que un médico legista certificara su muerte, logrando un acta de defunción.
Como se observa, han sido detectadas una serie de irregularidades, en la que han estado envueltos jueces, fiscales, médicos, y personal de vigilancia penitenciaria. Pero, además, han sido dictadas múltiples resoluciones judiciales en tribunales de diferentes grados, tanto condenatorias como favorables al imputado. 
El Consejo del Poder Judicial decidió este miércoles suspender a dos jueces de la ejecución de la pena, uno de San Cristóbal y otra de San Francisco de Macorís, en medio de la investigación que se realiza en torno a la supuesta muerte de Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito”, quien guardaba prisión domiciliaria, y luego fue reportado como “fallecido”.
Los magistrados Willy de Jesús, de San Cristóbal, y Aleida Jiménez Acosta, de San Francisco de Macorís, quien habría ordenado la prisión domiciliaria a Qurinito, fueron suspendidos sin disfrute de salarios.
Se recuerda que el magistrado Mariano Germán, presidente del Consejo del Poder Judicial, dijo hace unos días que quien metió la pata en ese caso que preparare su pescuezo.
La entidad suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien emitió el acta de defunción del imputado.
La Procuraduría General de la República informó este martes que durante el proceso de investigación que desarrolla en torno a la alegada muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Rafaelito” o mejor conocido como “Quirinito”, ha recabado suficientes evidencias para establecer que este condenado a 30 años por homicidio no ha fallecido.
A través de un comunicado institucional, dijo que a partir de estos hallazgos procedió de inmediato a activar su búsqueda y a solicitar a los organismos de inteligencia del país, así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una orden de captura nacional e internacional, respectivamente, contra Castillo Paniagua.
El organismo también expresó que suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción No. 00239, Folio 0039, con fecha de registro del 6 de julio del presente año, que declara la defunción del hoy prófugo por la causa de fallo cardíaco, debido a infarto agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua, resaltando que “con esta medida no se descarta que el galeno actuante sea procesado judicialmente al concluir la investigación”.
La Procuraduría indicó que al momento de su supuesta muerte “Quirinito” se encontraba “cumpliendo prisión domiciliaria en el municipio de San Francisco de Macorís, por disposición de la juez de Ejecución de la Pena de esa demarcación, Aleida Jiménez Acosta, quien a tales fines, el 26 de mayo del presente año emitió la sentencia número 136-01-2017-SSEN-00064”.
Dijo, además, que “esta decisión judicial cambió el régimen de cumplimento de la condena a 30 años por homicidio de Castillo Paniagua y fue la disposición de la jueza Aleida Jiménez Acosta que ordenó sacarlo del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle para recluirlo en una vivienda situada en el residencial Bety Marie, del sector Paseo de los Ríos, en el municipio cabecera de la provincia Duarte”.
Precisó que uno de los interrogados fue el padre de Castillo Paniagua, el señor Rafael Castillo Ramírez, quien al ser cuestionado informó a las autoridades “que su hijo no está muerto porque de haber fallecido le hubiesen entregado el cadáver”.
De igual manera, dijo que fue interrogada la esposa de “Quirinito”, Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo, quien declaró “que su esposo murió en su residencia, en horas de la mañana del pasado 5 de julio del presente año, y que no estaba en disposición de decirle a las autoridades quién se llevó el cadáver ni dónde está enterrado”.
Asimismo, la Procuraduría dijo que durante los interrogatorios a las autoridades actuantes, entre las cuales figuran jueces, fiscales, personal penitenciario y médicos, las mismas han negado haber actuado en contubernio, alegando que de encontrarse vivo Castillo Paniagua, “fueron sorprendidos en su buena fe”.
En este sentido, la institución explicó que las indagatorias arrojaron que el personal de vigilancia a cargo de supervisar la prisión domiciliaría impuesta a “Quirinito”, “verificó que la misma se cumplía tal como había dispuesto el tribunal, entregando estos, fotos del fugitivo supuestamente convaleciente en su residencia, tomadas durante las visitas calendarizadas por el sistema penitenciario”.
La Procuraduría expresó además que se continúan ampliando las indagatorias, a fin de determinar en forma veraz, si hubo algún tipo de manejo irregular para lograr que el reo se sustrajera del cumplimiento de la condena a 30 años por homicidio o si el personal interviniente fue engañado.
Igualmente, el organismo aseguró que “si durante la continuación de la investigación se determina que servidores públicos o personal del sector privado tienen comprometida su responsabilidad penal, serán sometidos a la acción de la justicia, sin importar de quien se trate”.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que por tratarse de una investigación que está en pleno desarrollo, de conformidad con lo establecido en las leyes del país, por el momento no es posible divulgar más informaciones para no entorpecer las diligencias procesales de la misma, comprometiéndose a informar oportunamente a la ciudadanía cuando surjan nuevos avances”.
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