Más adelante, en la parte resolutiva de la explosiva moción, se insta al gobierno autonómico a tomar todas las medidas necesarias para la entrada en vigor de la llamada "Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República", que tendría que dar lugar al inicio de un "proceso constituyente".
La moción fue aprobada con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. Pero 53 diputados -de un total de 135- también abandonaron el recinto antes de la votación para dejar constancia de su rechazo a la iniciativa.
Poco después, en Madrid el Senado español le dio al presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, autorización para disolver el Parlament, destituir al presidente catalán, Carles Puigdemont, y convocar a elecciones en la comunidad autónoma. Algo que anunció oficialmente v poco después Rajoy.
Pero estos no son los únicos retos a los que tendrán que hacer frente los independentistas catalanes.
"Actuación ilegal"
Efectivamente, la Ley de Transitoriedad, que fue aprobada por el Parlament en septiembre, sienta las bases legales para la ruptura entre Cataluña y España.
Pero la misma fue inmediatamente declarada ilegal por el Tribunal Constitucional español y es una de las razones por las que el gobierno de España ha acusado a la comunidad autónoma de "actuaciones ilegales y antidemocráticas".
El referendo fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español y los intentos de la Guardia Civil y la Policía Nacional por impedir la votación o hacerse con las urnas generaron escenas de violencia.
Al final, según las autoridades catalanas, en el mismo votaron cerca del 2,3 millones de catalanes (aproximadamente un 30% de la población), con un 90% de ellos expresándose a favor de la independencia.
La respuesta de Madrid
Poco después de la votación en el Parlament, el Senado español aprobó un paquete de medidas que le otorgan al gobierno español la potestad de destituir a todo el gobierno catalán y disolver el parlamento de la comunidad autónoma.
Las medidas están amparadas en el artículo 155 de la Constitución española, aplicable cuando una de las regiones del país no está cumpliendo con la legalidad vigente.
Horas después, una reunión extraordinaria del consejo de ministros aprobó la puesta en marcha de las primeras medidas, entre las que se encuentran la disolución del parlamento catalán, la destitución del presidente Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones en esta comunidad para el próximo 21 de diciembre.
El presidente español, Mariano Rajoy, justificó esta decisión al considerar que es "urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes para que decidan su futuro".
"Son las urnas, las de verdad", las que tienen que establecer "los controles y garantías y las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes", añadió el mandatario, por lo que defendió la convocatoria de elecciones "libres, limpias y legales, que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma".
Junto al del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Rajoy también confirmó el cese del vicepresidente, de todos los consejeros del gobierno catalán y del director general de la policía autonómica (conocida como Mossos D´Esquadra), Pere Soler. Además, anunció el cierre de las delegaciones del gobierno catalán en el extranjero, con la excepción de Bruselas, en Bélgica.
"Respondemos a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio a los españoles", dijo.
Rajoy confirmó también que el consejo de ministros aprobó la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para que anule la resolución aprobada por el parlamento catalán.
"Para la UE nada cambia"
Tras la aprobación de la moción en el parlamento de Cataluña, la Unión Europea -partidaria de evitar secesionismos en el bloque- aseguró que "España se mantiene como nuestro único interlocutor".
"Para la UE nada cambia", escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, "Espero que el gobierno español favorezca el uso de la razón y no de la fuerza".
En las calles de diversas ciudades de Cataluña se produjeron al poco de la declaración parlamentaria manifestaciones de celebración.
En Barcelona, frente a la sede de la Generalitat, se concentraron unas 6.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, agitando la enseña independentista y reclamando a gritos la retirada de la bandera española de los edificios oficiales.
"Fuera, fuera, fuera la bandera española", corearon los manifestantes.
Retirada de banderas
En otros puntos de Cataluña, algunos ayuntamientos e instituciones autonómicas retiraron la bandera española de las fachadas de sus sedes.
En Girona, la enseña rojigualda fue retirada del Ayuntamiento y de la delegación de la Generalitat, según informó el diario El País. El gesto recibió la ovación de los centenares manifestantes que se habían concentrado frente a los edificios de estas instituciones.
En Sabadell, la formación independentista Crida por Sabadell, difundió un video en el que puede verse como la bandera española y la de la Unión Europea son también arriadas de sus mástiles.
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