El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) imputado por el caso Odebrecht, Juan Temístocles Montás, cuestionó que las autoridades judiciales lo inculparan en el expediente de soborno sin la debida investigación y acusó a la Procuraduría de no actuar con profesionalidad y responsabilidad.
“A mí no me pasaba por la cabeza que a mí se me podía someter a la justicia porque alguien mencionara mi nombre y no se investigara. Porque era muy simple, lo que esa gente dice ahí se podía documentar fácilmente, que yo firmé contratos, cuando desde el año 2006, que lo sabe el Ministerio Público, el secretariado técnico de la Presidencia y el Ministerio de Economía dejaron de firmar contratos de financiamientos y que todo eso había pasado al Ministerio de Hacienda. No hay uno de esos contratos mencionados por esos señores que lo firmara yo. Una investigación seria, responsable y profesional tenía que arrojar eso”.
Al hacer su defensa material durante el conocimiento del recurso de apelación a la medida de coerción que le fue impuesta por el caso Odebrecht, el exministro de Industria y Comercio pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia no dejarse conducir por las presiones de las masas, argumentando que estarían incurriendo en un “populismo judicial” que terminaría conculcando los derechos que consagra la Constitución de la República.
“Yo creo que ustedes como jueces están llamados a evitar que la justicia dominicana corra por el camino en que quiere meter el Ministerio Público a este Poder del Estado dominicano de que real y efectivamente sea lo que diga la gente de afuera”.
Asimismo, Montás se comprometió a presentarse durante toda la etapa del proceso investigativo que se lleva a cabo a fin de que se le varíe la prisión preventiva que pesa en su contra.
“Me comprometo ante ustedes porque lo dije cuando se presentó la primera audiencia, que si hay alguien que está interesado que esto llegue hasta las últimas consecuencias soy yo. La Procuraduría General de la República y la justicia dominicana tienen que limpiar mi nombre. No es verdad que un hombre que durante años y años se ha dedicado al trabajo honesto en este país, de buena a primera por la irresponsabilidad de gente que debieron investigar lo hayan sometido a esta situación de denigración ya durante 42 días trancado en Najayo”, enfatizó.
Durante su defensa en la audiencia de este sábado, el exfuncionario también se refirió a las acusaciones en su contra según el expediente instrumentado por el Ministerio Público.
“Yo quiero llamar la atención de ustedes a la siguiente que no se ha señalado aquí. A mí se me ha condenado a estar en una medida de coerción, donde ya vamos para 42 días, porque supuestamente yo he sido ministro de Hacienda. Yo creo que habrá que vivir en otro país para no saber que yo nunca he ocupado la posición de ministro de Hacienda. En segundo lugar también se me ha condenado porque yo fui precandidato a las elecciones de 2008, 2012 y 2016. Eso es lo que dice la condena, pero, resulta que en 2008 fueron precandidatos por el PLD, el hoy presidente de la República, compañero Danilo Medina y el compañero Leonel Fernández. En el 2012 fueron precandidatos por el PLD los compañeros José Tomás Pérez, Radhamés Segura, Danilo Medina y Domínguez Brito. En el 2016 todos nos pusimos de acuerdo para que el único candidato del partido lo fuera el compañero Danilo Medina. De manera que cuando uno ve todas estas cosas yo me pregunto: ¿por qué estoy preso? ¿Cuál es la razón del por la que estoy preso? Porque en realidad es preso, 41 días preso en Najayo”, dijo Montás.
El fiscal Milciades Guzmán indicó que “si se acoge se trata de un precedente negativo que tiene un efecto importante dentro de las prisiones del país”.
“Realizaré una explicación exclusivamente técnica porque es un caso delicado. La ley indica que solo se puede evitar la prisión en situación de una enfermedad grave y terminal. Y en este caso no se trata de una enfermedad terminal”, dijo.
Sostuvo que si se admite la situación de Sánchez, “el mismo lunes tendremos la solicitud de unos cinco mil reclusos de todo el país”.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) recesó hasta mañana sábado a las 9:30 de la mañana el conocimiento de los recursos de apelación presentado por 10 de los 13 implicados en el caso Odebrecht.
Así lo decidió esta noche la magistrada Miriam Germán Brito, quien preside el tribunal, a los fines de que el ministerio público responda las réplicas de siete de los 10 implicados que presentaron recursos.
Hoy se concluyó con la réplica y contraréplica de parte del ministerio público y los abogados de los imputados Ángel Rondón, Conrrado Pitaluga, y Víctor Díaz Rúa.
Mañana sábado el ministerio público continuará presentando las réplicas de los argumentos presentados por los abogados de los imputados César Sánchez, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y Alfredo Pacheco.
En la primera audiencia del conocimiento de los recursos de apelación, Germán Brito elaboró un calendario de los días y el horario en que serían conocidas las audiencias, habilitando, en caso de que fuera necesario, el día de mañana sábado.
Abogados de cinco imputados en caso Odebrecht pidieron la libertad de sus defendidos
Aun falta que se le de la palabra a la defensa de Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Ángel Rondón y César Sánchez, quienes tendrán la oportunidad mañana a partir de las 9:30 de la mañana.
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia escuchó hasta las 6:30 de la tarde del jueves a la defensa de los imputados en el caso Odebrecht, en el conocimiento de la apelación a la medida de coerción de 10 de 13 implicados.
La defensa de Máximo D´Oleo pidió a los jueces que ordenen la libertad pura y simple de su cliente, en razón de que la resolución de medida de coerción vulnera disposiciones constitucionales.
Solicitaron también que en caso de no acoger la anterior petición, que se le varíe la prisión preventiva y se imponga otra de las medidas previstas en el Código Procesal Penal.
La audiencia continuó con la defensa de Ruddy González, que está representado por los abogados Rafael Ureña y Alberto Núñez.
Luego siguió la defensa de Juan Temístocles Montás y la de Alfredo Pacheco, a quien se le impuso una garantía económica como medida de coerción.
Anteriormente a estos casos, fueron escuchados los argumentos de la barra de la defensa de Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa.
Aun falta que se le dé la palabra a la defensa de Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Ángel Rondón y César Sánchez, quienes tendrán la oportunidad mañana a partir de las 9:30 de la mañana.
Para el viernes la Sala Penal tiene previsto escuchar los argumentos restantes.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá este jueves los recursos de apelación que interpusieron los acusados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht y que están bajo medidas de coerción.
La Segunda Sala Penal de la SCJ, constituida en Corte de Apelación, decidirá si mantiene o varía la decisión del juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, quien impuso medidas de coerción a 13 implicados en el caso Odebrecht.
El tribunal que conocerá los recursos depositados por diez de los imputados está compuesto por los magistrados Miriam Germán Brito, quien lo preside; Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohíto Reyes, Frank Soto y Alejandro Moscoso Segarra.
Los imputados que presentaron recursos de apelación a la decisión del magistrado Ortega Polanco son Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo De Óleo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Ángel Rondón, César Sánchez y el diputado Alfredo Pacheco.
En tanto que los senadores oficialistas Julio César Valentín (Santiago) y Tommy Galán (San Cristóbal), no apelaron, igual que Roberto Rodríguez, a quien le impusieron prisión domiciliaria.
Advertencia
El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió este miércoles que sería un obstáculo para la continuación y profundización de las investigaciones, dejar en libertad o sin ninguna medida de coerción a los 10 imputados que apelaron la sentencia que les impuso diferentes medidas coercitivas por su presunta participación en los sobornos de Odebrecht.
Rodríguez destacó que este riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la sentencia de medidas de coerción que dictó el pasado 7 de junio, a tal punto que a los 13 imputados presentes, sin excepción, le impuso algún tipo de medida coercitiva, incluida la prisión preventiva para 8, el arresto domiciliario para 2, así como también garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados.
“Está en manos de los jueces decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra riesgo”, dijo.
Captura internacional
La Policía Internacional fue notificada de la orden de captura que pesa contra Bernardo Castellanos de Moya, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), por su vinculación al caso Odebrecht.
Castellanos, supuestamente se encontraba en Panamá cuando el Ministerio Público presentó acusación contra los que presuntamente recibieron soborno de parte de la constructora brasileña.
La orden, marcada con el número 2017/165235, dice que el acusado pudiera estar en Estados Unidos. Se recuerda que Castellanos dijo que terminaría unos trabajos para luego venir al país a defenderse.
Hábeas Corpus
La jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, declaró irrecibible el recurso de Hábeas Corpus que interpuso Andrés Bautista, por prisión ilegal, por entender que obtuvo la libertad de pleno derecho. Almonte explicó en su resolución que existe otra vía procesal, la Suprema Corte de Justicia, tribunal apoderado del caso, para la tutela del derecho fundamental que se entiende trastocado.
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