SANTO DOMINGO. El director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes defendió la actuación de sus agentes en el incidente registrado ayer frente a la Procuraduría General de la República con varios legisladores y miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).
Peguero dijo que “por preceptos constitucionales somos garantes del orden público a nivel nacional. Nosotros como institución tuvimos una actuación en ese lugar, y ponderaremos si hubo algún exceso de alguno de los policías y se tomarán las medidas necesarias de acuerdo a nuestras leyes y reglamentos vigentes” apuntó.
Peguero Paredes habló tras recibir el certificado de incorporación de la Cooperativa de la Policía (COOPOL) durante un acto celebrado en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOP).
Agentes policiales dispersaron ayer con bombas lacrimógenas las intenciones de colocar un campamento frente a la sede de la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia y rechazaron de la misma manera a una comisión de diputados que intentaron penetrar en la institución.
Miembros de la Policía Nacional enfrentaron a bombazos este martes a los miembros del Frente Amplio de Lucha Popular –Falpo- que acudieron a las afueras de la Procuraduría General de la República para instalar un campamento a la espera del listado de los implicados en el escándalo de Odebrecht.
El grupo denunció que seis de sus miembros fueron apresados para evitar que estos instalen una carpa frente al organismo.
Los detenidos son Raysa de León, José Silverio, Pablo Esteves, Gabriel Sánchez, Manuel Cuevas y otro identificado solo como Robin.
“La Policía se llevó el camión con la carpa, la Policía se llevó a la compañera Raysa, al compañero Pablo, al compañero Gabriel, al compañero José Silverio, a Manuel Cuevas. En fin, a varios compañeros que fueron apresados de manera violenta y además fueron golpeados por la Policía Nacional”, se quejó Jesús Adón, en representación del Falpo.
Pese esta represión, Adon advirtió que no se detendrán y que como quiera continuarán.
Uno de los jóvenes presentes, que se identificó como uno los miembro del Falpo que la semana pasada ocuparon la Procuraduría, manifestó que el grupo se siente indignado por altos niveles de impunidad.
“La actividad es organizada por los jóvenes que el martes pasado ocupamos la Procuraduría General de la República, ciudadanos, hombres y mujeres que estamos hastiados, indignados por los niveles de corrupción e impunidad y en el día de hoy estamos de forma pacífica expresando nuestro descontento”, expresó.
Exigió la liberación de sus compañeros y llamó al pueblo dominicano a que los acompañen en esa lucha por entender que en el país se perdió la democracia.
Criticó que aunque acordaron con la Procuraduría la instalación del campamento, hoy fueron atacados por agentes policiales.
Criticó que aunque acordaron con la Procuraduría la instalación del campamento, hoy fueron atacados por agentes policiales.
“El magistrado Rodolfo Piñeiro nos dio garantía de que nuestro campamento no sería molestado esperando la lista y no nos permitieron ni instalar la carpa. Nos entraron a trompones, patadas, bombas lacrimógenas ya tiros”, se quejó.
En un comunicado, Interior y Policía sostuvo este martes “que no se ha violentado derecho alguno de ningún grupo o conglomerado, pero afirmó que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución de la República y las leyes, sin violentar el derecho de los demás, el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de las instituciones”.
Consideró que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias “es un exceso que vulnera el orden público en una zona donde además de la Procuraduría General de la República, está la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones que verían afectadas sus actividades”.
En una declaración escrita, el Ministerio de Interior expresó que la instalación de la carpa como tenían planificado grupos de protesta “evidentemente habría afectado el tránsito normal de una avenida principal como la Jiménez Moya, así como el desenvolvimiento de los usuarios y funcionarios de la Procuraduría General de la República y de las múltiples instituciones oficiales que se encuentran en los alrededores de la Feria”.
Agrega que esa actividad habría trastornado también el orden y el derecho que a su vez tienen los demás ciudadanos de transitar por la vía pública sin mayores riesgos ni limitaciones.
“El Derecho constitucional en las protestas pacíficas por parte de cualquier ciudadano u organizaciones públicas, cívicas, religiosas y obreras es debidamente protegido por las instituciones gubernamentales cuando cumplan con el marco reglamentario correspondiente”, manifestó.
Pero aclara que estas siempre deben respetar el derecho de los demás ciudadanos transeúntes y las normas de convivencia civilizada, y agrega que “muestra de ello son los múltiples actos que diariamente se desarrollan en todo el país organizados por diversos grupos sociales, con los cuales oportunamente se coordina dicha protección estatal para evitar o minimizar los trastornos que se puedan generar durante o con motivo de la actividad”.
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