SANTO DOMINGO. El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá mañana miércoles si concede la autorización para la aplicación del criterio de oportunidad en el caso de Odebrecht, lo que permitirá al Ministerio Público que a más tardar en 30 días, tenga la información necesaria que permitirá identificar quienes fueron sobornados en el país.
El magistrado Danilo Amador Quevedo emitirá su decisión en hora de la tarde, luego de que fuera apoderado por el juez coordinador de los juzgados de la Instrucción, José Alejandro Vargas, de la solicitud de autorización criterio de oportunidad, cuya figura está consignada en el Código Procesal Penal.
El torno al caso, el procurador general de la República, Jean Rodríguez dijo esperar que el tribunal conceda la aplicación del criterio de oportunidad en el caso de Odebrecht, que reconoce haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos.
Destacó que los datos que entregará Odebrecht junto a la información que será suministrada por las autoridades brasileñas y la recabada durante la investigación local, permitirán realizar, más rápido de lo que muchos esperan, el sometimiento a la justicia de todo el que, sin excepción, haya violado las leyes.
Aclaró que el acuerdo de colaboración solamente abarca el delito de soborno, por lo que no limita que se realice alguna investigación sobre otras infracciones y que en su momento, dará a conocer al país las informaciones recabadas, sin perjudicar la legalidad de la investigación.
Odebrecht admitió que pagó US$92 millones en sobornos para lograr contratos de obras gubernamentales en República Dominicana desde 2001 hasta 2014.
El Procurador reiteró que amparado en el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, los empleados y directivos de la constructora brasileña no serán enjuiciados en República Dominicana porque serán procesados judicialmente en Brasil, y que los sobornados serán juzgados en República Dominicana.
El primero de marzo pasado, el juez José Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento usado para la solicitud de homologación del acuerdo firmmado por el Procurador General de la República y la empresa Odebrecht, cuyo acuerdo contempla un bono de 30 millones de dólares ya pagado y el resto será desembolsado en un plazo de ocho años, hasta enero de 2025.
Las investigaciones fueron abiertas en diciembre pasado, luego que Odebrecht admitiera en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida República Dominicana con US$92 millones, en el período 2001-2014.
La Procuraduría General de la República reintrodujo la pasada semana el acuerdo firmado con la empresa Odebrecht, donde ésta admite el pago de sobornos a funcionarios para ser favorecidos con obras del Estado, cuyos nombres dará una vez sea homologado.
La decisión sobre la homologación basado en el criterio de oportunidad de la cual fue apoderado de un modo no regular el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, se emitirá mañana en la tarde.
De acuerdo con una fuente vinculada al caso, el sorteo del tribunal que conoció la resolución de peticiones que permitirá al Ministerio Público tener en 30 días información que permitirá identificar quienes fueron sobornados en el país por Odebrecht, no fue hecho en presencia de José Alejandro Vargas, juez coordinador de los Juzgados de Instrucción.
Una vez firmado el auto de apoderamiento de un tribunal, el lunes 10 de abril, Vargas se retiró de la oficina coordinadora y no participó del sorteo del expediente conocido la mañana de ayer en audiencia por el Tercero de Instrucción.
El procurador Jean Alain Rodríguez consideró atinada la aplicación del criterio de oportunidad para Odebrecht S. A., ya que viabiliza la ejecución del acuerdo con la multinacional que se comprometió a retribuir US$184 millones al Estado por el soborno pago.
Dijo que los datos que entregará la empresa junto a la información que será suministrada por las autoridades brasileñas y la recabada durante la investigación local, permitirán realizar, “más rápido de lo que muchos esperan, el sometimiento a la justicia de todo el que, sin excepción, haya violado las leyes”.
Señaló que el acuerdo sólo abarca lo relativo al soborno, por lo que no limita que se realice alguna investigación sobre otras infracciones.
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