La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Este, al denunciar la situación con la tierra del Consejo Estatal del Azúcar, pidió al propio tiempo que la comisión ordenada por el decreto presidencial 44-17, debe alargar el brazo e investigar la “venta o el reparto como piñata” de más de 18 mil tareas a generales militares y policiales en Hato Mayor, Bayaguana, Boca Chica, El Seibo y San Pedro de Macorís.
Según el documento firmado por José Guzmán, vicepresidente a nivel nacional, para la CNDH, el reparto de las tierras del CEA se inició con el proyecto de Capitalización de las Empresas del Estado, en 1997, durante el primer gobierno de Leonel Fernández, siguió con Hipólito Mejía, pero asegura que “es más marcada la acción delictiva en el presente gobierno”.
Conforme a lo denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, las tierras que pertenecieron a los ingenios Boca Chica, Quisqueya, Porvenir, así como en Bayaguana y Monte Plata, se la repartieron por influencias políticas.
Guzmán dijo que la comisión investigadora debe profundizar sobre un supuesto reparto de miles de tareas de tierras que se habría hecho en la comunidad ganadera de Capote, sección Don López, Hato Mayor del Rey.
Afirmó que de igual forma se debe investigar la denuncias de ciudadanos en el municipio Consuelo, a seis kilómetros al norte de San Pedro de Macorís.
La nulidad
La comisión entiende que la venta a precio de vacas muertas de las tierras del CEA es ilegal y el Presidente debe declarar nula todas las operaciones contrarias a la Ley 141-97, sobre Capitalización de las Empresas Públicas.
Sugirió que con la anulación de las ventas irregulares de tierras, hechas por la Inmobiliaria del CEA, el presidente debe incorporar las tierras estatales a un proyecto nacional de producción, como una forma del Estado reinventar el campo dominicano y hacer posible una nueva unidad productiva.
Venden vacas
En el 2009, el CEA en su departamento de Ganaderías tenía en inventario unas 12,500 cabezas de ganado, que se han esfumados de los potreros del Este al mismo ritmo que se han repartido o vendido los terrenos estatales.
“Usted va a los potreros de Hato Mayor y El Seibo, que es donde están las escasas vacas que quedan y no llegan a mil, las que quedan están flacas, se mueren porque no tienen donde pastar”, amplió José Guzmán.
La Comisión
Se espera para este lunes, esté visitando a San Pedro de Macorís, la comisión creada por el decreto 44.17, para iniciar las pesquisas sobre las muertes y los supuestos actos de corrupción que estarían salpicando al CEA con la ventas irregulares de terrenos.
La comisión tiene como objeto investigar todo lo concerniente a la compra y venta de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. También que el mismo deberá incluir las recomendaciones sobre las acciones legales pertinentes.
Las ventas de terrenos se hacían de manera ilegal, porque el decreto 286 del 27 de septiembre del 2016 prohíbe las operaciones inmobiliarias de asignación, cesión en usufructo, permuta, donación o venta.
La comisión la integran Flavio Darío Espinal, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien la presidirá; José Dantés Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, y Lidio Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental, quienes tienen una semana para entregar su investigación al jefe de Estado.
Calumnias
De calumniosa y mentirosa calificaron los familiares del comunicador asesinado Leónidas Martínez (Leo) una información difundida en los medios, atribuida a una supuesta fuente policial, que indica que un hijo de éste, habría obtenido la posesión de 45 tareas de tierra que el matador de los comunicadores Martínez y Medina, le había comprado al Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Para los familiares esta noticia, además de carecer de veracidad, busca asesinar moralmente la imagen de Leo Martínez.
Indican que las relaciones entre Leo Martínez, Luis Manuel Medina, y José Rodríguez (Joselito), el homicida, fue motivada por la vocación de mediación establecido por el programa “Milenio Caliente”, frente a cualquier conflicto social o comunitario durante toda su existencia.
“Ni Leo ni su hijo Leónidas Antonio Martínez Pijuán (Moreno), nunca han comprado ni diligenciado compra alguna de terrenos del CEA, por lo que esa noticia parte de un propósito maligno que quien la dio tendrá que demostrarlo”, expresan en declaraciones de prensa.
“Martínez Pijuán (Moreno) no puede hacer declaraciones a los medios por su condición de militar (capitán), lo que lo imposibilita por el momento responder personalmente la falsa información que le atribuye haber comprado esos terrenos”, agregan.
Indican que una comisión de abogados amigos de la familia acudirá al CEA en las próximas horas a procurar una certificación que demuestre si es verdad o mentira esa información, que, según ellos, carece de fundamentos y es, por demás, mentirosa y calumniosa.
Se recuerda que el pasado martes en la mañana, 14 de febrero, se presentó a la emisora FM 103.5 José Rodríguez (Joselito), de 59 años, y asesinó a los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina e hirió gravemente de varios disparos a la secretaria Dayanina García, en un hecho sangriento que ha tenido amplia repercusión nacional e internacional.
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