SANTO DOMINGO. La sustitución del parque vehicular en el transporte público y de carga es uno de los preceptos innovadores de la recién aprobada ley que reorganiza este sector, y el cual establece un plazo de diez años para el “retiro paulatino” de las chatarras por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Las unidades de transporte terrestre en mal estado, en sus diferentes modalidades, deberán ser sacadas del Registro Nacional de Vehículos de Motor por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y “demolidos de inmediato por el INTRANT”, de acuerdo con el artículo 344 de la Ley de Movilidad Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.
La disposición deberá aplicarse con la promulgación de dicha ley, por parte del Poder Ejecutivo, “hasta que alcancen la vida útil máximas establecidas” que fija topes de 15 años para vehículos livianos de hasta cuatro pasajeros; 17 años, para microbuses de cinco a 20 pasajeros; 20 años, para minibuses de 21 hasta 26 pasajeros; 25 años, para autobuses desde 37 pasajeros en adelante; 30 años, para vehículos pesados de carga y diez años para las motocicletas.
Para asegurar estos mandatos, la ley prevé que el INTRANT disponga las medidas correspondientes y garantice un “financiamiento especial” para llevar a cabo el reemplazo de las unidades.
Asimismo, la nueva entidad rectora del transporte terrestre dictará las reglas en que se produzca la sustitución de los vehículos que se utilizan en el servicio público de transporte de pasajeros “por unidades de mayor capacidad hasta lograr la masificación y colectivización”.
Estado debe ejercer control
Para el experto en temas de urbanismo y sostenibilidad, Erick Dorrejo, es una “urgencia” la transformación del parque vehicular, pero entiende que el Estado debe establecer una regulación estricta sobre el transporte público de pasajeros, aunque se permita la participación de empresas o sociedades privadas.
El arquitecto considera que más que sustituir las viejas unidades o carros viejos por nuevos automóviles, “lo que hay es que transformar el tipo de unidades para el transporte colectivo”.
“Los conchos ya pasaron su etapa, ya no funcionan en el sistema urbano de hoy en día”, reflexiona Dorrejo, acerca del sistema actual, que predomina en el transporte de pasajeros.
“Cuando hablo de sustituir concho por autobuses, no digo que a los que manejan los conchos hay que desahuciarlos, todo lo contrario, son parte del sistema”, puntualiza el experto en desarrollo urbano, quien recomienda adecuar las unidades a las zonas donde serán utilizadas.
Parque vehicular
Según datos de la DGII correspondientes al 2016, en el país hay 816,470 automóviles, de los cuales el 66.5 por ciento se concentra en el año 2000 y los anteriores a éste. Aquí se incluyen unidades de uso privado, los públicos privados urbanos e interurbanos.
Asimismo, en dicho informe sobre el parque vehicular dominicano se detalla que de 405,292 vehículos de carga, el 61.7 por ciento se concentra en el año 2000 y los anteriores a éste y de igual manera el 59.1 por ciento de los 92,144 autobuses registrados.
En el caso de las motocicletas, la DGII sitúa en 46. 7 por ciento las que tienen año de fabricación desde el 2000 y años anteriores.
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