Ayer, el juez Rafael Vásquez Goico, rechazó el pedido formulado por las empresas Granja Mora, Flores Purama y Flores Antillana, a los fines de que el tribunal fije el punto de partida del plazo para el desalojo establecido en la resolución 14-06, emitida el 29 de septiembre pasado por Medio Ambiente.
La decisión la argumentó: “en vista de que se trata de un pedimento que tendría como consecuencia una decisión definitiva, es decir, de naturaleza no provisional, y en adición, autónoma con respecto a la solicitud cautelar de la especie”.
En cuanto al fondo de la solicitud, el tribunal determinó que la adopción de la misma afectaría y perturbaría gravemente el interés general.
“Razón por la cual se rechaza la solicitud de adopción de medida cautelar interpuesta por Granja Mora, Flores Purama y Flores Antillana a la impetrada Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, aduce la decisión que fue leída por la secretaria del tribunal, Austria Ramírez, en presencia de las partes envueltas en el proceso.
De inmediato, el abogado de las empresas, Manuel Fermín, dijo que aunque respeta la decisión, “es una guerra que tendrá muchas batallas, y seguiremos ejerciendo acciones legales”.
Indicó que aguardarán a ver qué harán las autoridades, toda vez que la resolución no habla de desalojo de personas. “Nos sentimos tranquilos, porque el juez hizo uso de una disposición legal, el interés general que está contemplado y es un valor fundamental”, apuntó.
En tanto, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, saludó la decisión del TSA, por considerar que los tribunales están dejando asentada en sus decisiones la importancia y defensa de los recursos naturales.
Domínguez Brito recorrió diferentes comunidades del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo) y conversó con las personas que allí viven. Escuchó sus inquietudes y les expresó los planes del Ministerio para ellos.
Especificó que “no habrá desalojo, simplemente aquí no podrá entrar nadie, no puede haber cultivo, no puede haber agricultura intensiva”.
Explicó que en los terrenos del Parque Nacional de Valle Nuevo actúan cuatro grupos, los grandes propietarios, unas 15 familias que heredaron las tierras de sus padres, también están 409 productores, quienes ocuparon de manera ilegal los terrenos, los campesinos, ubicados en unas 41 casitas y un promedio de casi 4 mil jornaleros.
En torno a los productores, indicó que se les busca una salida con la ubicación de otros terrenos y el financiamiento de invernaderos, y a los campesinos, unas 41 familias se les ha invitado a ser empleados del Ministerio, integrándose a cuidar el parque con seguro médico, escuelas y otros beneficios.
Las autoridades aplicarán la resolución 14-2016 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, el 29 de septiembre del 2016, que otorga un plazo de 120 días para cosechar y/o retirar los cultivos en desarrollo y para desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con los cultivos agrícolas y la pecuaria en Valle Nuevo.
Campesinos no saldrán
Decenas de agricultores quienes afirman llevan más de 30 años cultivando áreas del parque nacional Juan Bautista Pérez Rancier, advirtieron anoche al ministro de Medio Ambiente que no abandonarán los mismos, ya que con ellos no se ha dialogado al respecto.
“Lo último que nos hicieron fue que nos enviaron los militares a las 4:00 de la madrugada a tumbarnos las puertas en busca de unos haitianos y nos amenazaron con ametrallarnos si no les abríamos las puertas”, subrayó Leónidas Aquino, con 40 años residiendo en la comunidad El Castillo, una de las que será desalojada a partir de este domingo.
Daysi Alcántara, exregidora del PLD por varios períodos en este municipio y presidenta de la Federación de Asociaciones Campesinas pidió la intervención del presidente Danilo Medina, para que en Valle Nuevo no se cometa una de las injusticias más grandes, que es sacar sin nada a cientos de campesinos.
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