Posiblemente en el mismo momento que el Consejo del Poder Judicial hacía público el ascenso de varios magistrados jueces del Distrito Judicial de Duarte, la sociedad dominicana aplaudía la destitución de los tres jueces capitalinos, que a cambio de sumas millonarias en dólares cambiaban medidas de coerción de personas implicadas en crímenes horrendos, narcotráfico y robos en la administración pública.
Los jueces destituidos Víctor Mejía Lebrón, Rossó Vallejo y Josè Dionisio Duvergé Mejía, con la negociación de sentencias estuvieron lesionando por años la imagen del Poder Judicial, quién sabe si con el auspicio de autoridades superiores, que de ser así, debieran ser identificados por la salud de quienes no se han manchado las manos con actos de corrupción en la administración y aplicación de la justicia.
Si se comprobó que de un solo golpe el ex juez, licenciado Duvergé Mejía recibió de manos de Francisco Javier Batista la suma de 27 mil 500 dólares, a cambio de otorgar la libertad al imputado Julio Rondón Abreu, procesado por el tráfico de heroína, es más que suficiente para junto a los demás, ser sentado en el banquillo de los acusados.
Con los suspendidos magistrados jueces, Víctor Mejía Lebrón, Rossó Vallejo y Josè Dionisio Duvergé Mejía, hay que unir voces para que contra ellos el Poder Judicial aplique un precedente, que signifique un alerta para los hombres y mujeres que integran las Salas Penales de todo el país.
El Procurador General de la República doctor Francisco Domínguez Brito, sin miedo y sin temor, debe ordenar el sometimiento a la justicia de estos señores, porque ante los ojos del pueblo, son verdaderos corruptos y criminales.
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