Leonel Fernández ve imposible que RD pueda acatar el fallo de la CIDH
EL EXPRESIDENTE EXPLICÓ QUE LA NACIONALIDAD AUTOMÁTICA SERÍA POSIBLE EN EEUU Y OTROS PAÍSES, PERO NO EN REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo
El expresidente Leonel Fernández Reyna defendió ayer ante la OEA el derecho de que tiene República Dominicana de determinar quiénes son sus nacionales, y dijo que es imposible que el país cumpla lo que pretende imponer la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), de que se le otorgue la nacionalidad incondicionalmente a los hijos de extranjeros que residan ilegalmente en el territorio dominicano.
Fernández dijo que constituye una clara vulneración de la soberanía nacional, el pretender negar el derecho de RD de no adoptar ese sistema y determinar quiénes son sus nacionales. Precisó que eso solo aplica en las naciones, como Estados Unidos y otras, que admiten el sistema del jus solis incondicional.
La CorteIDH dispuso que el Estado dominicano adopte las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad a personas nacidas en territorio dominicano.
Fernández dijo que a nivel mundial, la tendencia de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la na- cionalidad de forma automática, debido, principalmente al volumen de la inmigración, que ha hecho insostenible para algunos estados continuar con el jus solis incondicional.
Comparación
“Eso que ordena la Corte Interamericana sería posible aquí en este país (los EEUU) donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho norteamericano, lo mismo ocurriría en Canadá o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe que admiten el sistema de jus solis incondicional.
Sin embargo, no ocurriría lo mismo en RD donde no existe el jus solis automático y por consiguiente no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio”, sostuvo.
Fernández destacó que en su sistema de reconocimiento de la nacionalidad, RD no está sola, y citó un informe del Centro de Estudios de Migración, de EE.UU, el cual señala que de los 194 Estados Miembros de las Nacio- nes Unidas, solo 30 admiten el sistema de jus solis sin ninguna condición, “lo que quiere decir que 164, entre los que se encuentran la RD, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios”.
Fernández fijó su posición en la conferencia que dictó en la sede de la OEA, invitado por la Cátedra de las Américas, iniciativa de ese organismo hemisférico. Habló sobre el tema “La OEA, Democracia y Derechos Humanos”.
“Existe una multiplicidad de sistemas legales y legítimos en el Derecho Internacional, y no un modelo único de validez universal que otorgue la nacionalidad a una persona por la vía del jus solis”, indicó Fernández.
Sostuvo que el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la CIDH, en razón de que, primero, la Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de La Haya reconoce la facultad de los estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva.
La conferencia
A la conferencia asistieron el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el secretario de Relaciones Externas del organismo hemisférico, Alfonso Quiñones. También Pedro Vergés y Aníbal de Castro, representante permanentes de República Dominicana ante la OEA y embajador del país ante el gobierno de los Estados Unidos, respectivamente.
Además, los embajadores de España, Honduras, El Salvador, Francia, Brasil, Haití, Bolivia, Guyana, Chile, Panamá, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Jamaica y demás delegaciones acreditadas ante la OEA.
Fernández dijo que constituye una clara vulneración de la soberanía nacional, el pretender negar el derecho de RD de no adoptar ese sistema y determinar quiénes son sus nacionales. Precisó que eso solo aplica en las naciones, como Estados Unidos y otras, que admiten el sistema del jus solis incondicional.
La CorteIDH dispuso que el Estado dominicano adopte las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad a personas nacidas en territorio dominicano.
Fernández dijo que a nivel mundial, la tendencia de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la na- cionalidad de forma automática, debido, principalmente al volumen de la inmigración, que ha hecho insostenible para algunos estados continuar con el jus solis incondicional.
Comparación
“Eso que ordena la Corte Interamericana sería posible aquí en este país (los EEUU) donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho norteamericano, lo mismo ocurriría en Canadá o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe que admiten el sistema de jus solis incondicional.
Sin embargo, no ocurriría lo mismo en RD donde no existe el jus solis automático y por consiguiente no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio”, sostuvo.
Fernández destacó que en su sistema de reconocimiento de la nacionalidad, RD no está sola, y citó un informe del Centro de Estudios de Migración, de EE.UU, el cual señala que de los 194 Estados Miembros de las Nacio- nes Unidas, solo 30 admiten el sistema de jus solis sin ninguna condición, “lo que quiere decir que 164, entre los que se encuentran la RD, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios”.
Fernández fijó su posición en la conferencia que dictó en la sede de la OEA, invitado por la Cátedra de las Américas, iniciativa de ese organismo hemisférico. Habló sobre el tema “La OEA, Democracia y Derechos Humanos”.
“Existe una multiplicidad de sistemas legales y legítimos en el Derecho Internacional, y no un modelo único de validez universal que otorgue la nacionalidad a una persona por la vía del jus solis”, indicó Fernández.
Sostuvo que el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la CIDH, en razón de que, primero, la Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de La Haya reconoce la facultad de los estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva.
La conferencia
A la conferencia asistieron el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el secretario de Relaciones Externas del organismo hemisférico, Alfonso Quiñones. También Pedro Vergés y Aníbal de Castro, representante permanentes de República Dominicana ante la OEA y embajador del país ante el gobierno de los Estados Unidos, respectivamente.
Además, los embajadores de España, Honduras, El Salvador, Francia, Brasil, Haití, Bolivia, Guyana, Chile, Panamá, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Jamaica y demás delegaciones acreditadas ante la OEA.
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EL EXPRESIDENTE FIJÓ SU POSICIÓN AL RESPECTO EN EL MARCO DE UNA CONFERENCIA QUE DICTÓ EN LA SEDE DE LA OEA
Santo Domingo
El expresidente Leonel Fernández consideró imposible que República Dominicana pueda acatar el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que le ordena otorgar la nacionalidad incondicionalmente a los hijos de extranjeros que residan ilegalmente en el territorio dominicano.
Al dictar una conferencia en cede de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que “eso que ordena la Corte sería posible aquí en los Estados Unidos, donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho, norteamericano. Lo mismo ocurriría en Canadá, o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe, que admiten el sistema del jus solis incondicional”, sostuvo Fernández.
“No ocurriría lo mismo, sin embargo, en la República Dominicana, donde no existe el jus solis automático, y por consiguiente, no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio”, puntualizó el exmandatario dominicano.
Fernández, quien además es presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), fijó su posición al respecto en el marco de una conferencia que dictó en la sede de la OEA, invitado por la Cátedra de las Américas, iniciativa de dicho organismo hemisférico. Habló sobre el tema "La OEA, Democracia y Derechos Humanos".
El fallo de la CIDH ordena a la República Dominicana “adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de República Dominicana”.
“La negación del derecho que tiene República Dominicana de no adoptar este sistema, constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país”, indicó Fernández, quien ha sido presidente en tres ocasiones.
El líder político destacó que en su sistema de reconocimiento de la nacionalidad, la República Dominicana no está sola, y citó un informe del Centro de Estudios de Migración, de los Estados Unidos, el cual señala que de los 194 Estados Miembros de las Naciones Unidas, solo 30 admiten el sistema de jus solis sin ninguna condición, “lo que quiere decir que 164, entre los que se encuentran la República Dominicana, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios”.
Según Fernández, a nivel mundial la tendencia de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la nacionalidad de forma automática, debido principalmente al volumen de la inmigración, que ha hecho insostenible para algunos Estados continuar con el jus solis incondicional.
“Por lo tanto, podemos ver que existe una multiplicidad de sistemas legales y legítimos en el Derecho Internacional, y no un modelo único de validez universal que otorgue la nacionalidad a una persona por la vía del jus solis, esto es, por el solo hecho de haber nacido en un territorio determinado”, indicó Fernández.
“Por todo lo antes indicado, el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la Corte Interamericana, en razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de la Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva”, sostuvo el exjefe de Estado dominicano.
Otro aspecto
En otro aspecto del mismo tema, Fernández afirmó que desde su creación, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha tenido importantes aciertos, siendo uno de ellos la creación de un mecanismo de salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
Refirió, sin embargo, que hace tan solo unos días tuvo lugar aquí en Washington un evento organizado por el Inter American Dialogue, bajo el título de “Reforma al Sistema de Derechos Humanos: Desafíos y Posibilidades”, en el que un grupo de expertos de la Universidad de Notre Dame, advirtió sobre la situación de crisis en la que se encuentra el sistema interamericano de derechos humanos.
Según informó el expresidente dominicano, los expertos, entre los que se encontraban los profesores Paolo Carozza y Doug Cassel, también advirtieron sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma integral del sistema, a la vez que consideraron idóneo el momento para discutir a profundidad los posibles cambios.
Fernández afirmó que uno de esos desafíos que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el relativo a la participación de los Estados dentro de sus mecanismos institucionales, tras señalar que de los 35 Estados que conforman la OEA, 13 no han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La conferencia
A la conferencia de Fernández asistieron el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y el Secretario de Relaciones Externas del organismo hemisférico, Alfonso Quiñones. También asistieron Pedro Vergés y Aníbal de Castro, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA y embajador del país ante el gobierno de los Estados Unidos, respectivamente.
De igual manera, asistieron los embajadores de España, Honduras, El Salvador, Francia, Brasil, Haití, Bolivia, Guyana, Chile, Panamá, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Jamaica y demás delegaciones acreditadas ante la OEA.
Tras la disertación del expresidente Fernández, quien recibió una prolongada ovación de los presentes, hubo una sección de preguntas y respuestas en la que el exjefe de Estado dominicano respondió inquietudes de los participantes.
Al dictar una conferencia en cede de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que “eso que ordena la Corte sería posible aquí en los Estados Unidos, donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho, norteamericano. Lo mismo ocurriría en Canadá, o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe, que admiten el sistema del jus solis incondicional”, sostuvo Fernández.
“No ocurriría lo mismo, sin embargo, en la República Dominicana, donde no existe el jus solis automático, y por consiguiente, no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio”, puntualizó el exmandatario dominicano.
Fernández, quien además es presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), fijó su posición al respecto en el marco de una conferencia que dictó en la sede de la OEA, invitado por la Cátedra de las Américas, iniciativa de dicho organismo hemisférico. Habló sobre el tema "La OEA, Democracia y Derechos Humanos".
El fallo de la CIDH ordena a la República Dominicana “adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de República Dominicana”.
“La negación del derecho que tiene República Dominicana de no adoptar este sistema, constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país”, indicó Fernández, quien ha sido presidente en tres ocasiones.
El líder político destacó que en su sistema de reconocimiento de la nacionalidad, la República Dominicana no está sola, y citó un informe del Centro de Estudios de Migración, de los Estados Unidos, el cual señala que de los 194 Estados Miembros de las Naciones Unidas, solo 30 admiten el sistema de jus solis sin ninguna condición, “lo que quiere decir que 164, entre los que se encuentran la República Dominicana, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios”.
Según Fernández, a nivel mundial la tendencia de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la nacionalidad de forma automática, debido principalmente al volumen de la inmigración, que ha hecho insostenible para algunos Estados continuar con el jus solis incondicional.
“Por lo tanto, podemos ver que existe una multiplicidad de sistemas legales y legítimos en el Derecho Internacional, y no un modelo único de validez universal que otorgue la nacionalidad a una persona por la vía del jus solis, esto es, por el solo hecho de haber nacido en un territorio determinado”, indicó Fernández.
“Por todo lo antes indicado, el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la Corte Interamericana, en razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de la Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva”, sostuvo el exjefe de Estado dominicano.
Otro aspecto
En otro aspecto del mismo tema, Fernández afirmó que desde su creación, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha tenido importantes aciertos, siendo uno de ellos la creación de un mecanismo de salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
Refirió, sin embargo, que hace tan solo unos días tuvo lugar aquí en Washington un evento organizado por el Inter American Dialogue, bajo el título de “Reforma al Sistema de Derechos Humanos: Desafíos y Posibilidades”, en el que un grupo de expertos de la Universidad de Notre Dame, advirtió sobre la situación de crisis en la que se encuentra el sistema interamericano de derechos humanos.
Según informó el expresidente dominicano, los expertos, entre los que se encontraban los profesores Paolo Carozza y Doug Cassel, también advirtieron sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma integral del sistema, a la vez que consideraron idóneo el momento para discutir a profundidad los posibles cambios.
Fernández afirmó que uno de esos desafíos que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el relativo a la participación de los Estados dentro de sus mecanismos institucionales, tras señalar que de los 35 Estados que conforman la OEA, 13 no han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La conferencia
A la conferencia de Fernández asistieron el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y el Secretario de Relaciones Externas del organismo hemisférico, Alfonso Quiñones. También asistieron Pedro Vergés y Aníbal de Castro, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA y embajador del país ante el gobierno de los Estados Unidos, respectivamente.
De igual manera, asistieron los embajadores de España, Honduras, El Salvador, Francia, Brasil, Haití, Bolivia, Guyana, Chile, Panamá, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Jamaica y demás delegaciones acreditadas ante la OEA.
Tras la disertación del expresidente Fernández, quien recibió una prolongada ovación de los presentes, hubo una sección de preguntas y respuestas en la que el exjefe de Estado dominicano respondió inquietudes de los participantes.
Noviembre 13, 2014
Advierte que acatar fallo CIDH anularía Registro Civil de RD
DICE JCE NO PODRÍA REVERTIR FALSIFICACIONES Y SUPLANTACIONES
Santo Domingo
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, dijo que si se acata la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como está expresada, se anularía el registro civil dominicano.
Explicó que si se aplica la decisión de la CIDH, se le prohibirá a la JCE investigar los expedientes y ese órgano no tendría ninguna posibilidad de revertir las suplantaciones y falsificaciones de documentos.
Indicó que al parecer la sentencia no ha sido leída en toda su extensión en el país, ya que su aplicación constituye un atropello al país.
“Es que esa decisión fue tan lejos que prácticamente disuelve la existencia del registro civil”, apuntó.
La CIDH condenó al país, mediante sentencia, y le ordenó desconocer la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y dejar sin efecto toda norma constitucional, legal y reglamentaria con relación a los casos de la nacionalidad de descendientes de haitianos.
“Nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de revertir la suplantaciones ni las falsificaciones de documentos, porque hay una prohibición expresa en esa sentencia de que se investigue cualquier expediente que esté en esa condición”, agregó.
Presupuesto JCE
En otro orden, el presidente de la JCE anunció que hoy se reunirá el pleno de ese organismo para determinar las acciones que tomarán para buscar más recursos, en vista de que no le fue aumentada la partida presupuestaria como ellos reclamaban.
Aunque no quiso entrar en detalles “para no estar por encima del pleno”, Rosario dijo que, al parecer, algunos funcionarios del gobierno no han entendido la dimensión de la Constitución del 2010 que establece autonomía presupuestaria para distintas instituciones.
Rosario fue entrevistado en el Senado, a donde acudió para participar en un acto homenaje al pintor Miguel Núñez, por su colección de pintura del patricio Juan Pablo Duarte, en la colección del Bicentenario de la República.
Que acate sentencia
Sobre el tema de la sentencia de la CIDH hablaron también ayer representantes de Alianza por la Democracia (APD), quienes solicitaron la reconsideración de la postura del gobierno dominicano, por considerar que con el desconocimiento de ese fallo, los ciudadanos dominicanos son los quedan desprotegidos.
Así lo expresó el dirigente de la APD Francisco de León, quien sostuvo que si el país se empeña en desconocer la competencia de la CIDH, se arriesga a un aislamiento internacional y los dominicanos no tendrán dónde acudir cuando consideren que en los tribunales del país no se les han garantizado sus derechos.
En su visita al LISTÍN DIARIO, Francisco de León se hizo acompañar del integrante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Carlos Manuel Sánchez, quien manifestó que es una necesidad que el Estado acate la sentencia de la CIDH para evitar un retroceso en materia de derecho a nivel internacional.
Mientras que Max Puig, presidente de la APD, consideró como justa y merecida la condena de la CIDH en contra del Estado, y precisó que el fallo del Tribunal Constitucional (256-14) es irregular para negar la competencia de la Corte.
A finales del mes pasado, el Gobierno rechazó la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por considerarla “sesgada e inoportuna”, ya que la misma pasa por alto numerosas circunstancias, entre las cuales está la actual implementación del plan integral para la regularización y documentación de toda persona de origen extranjero que habita en el territorio dominicano.
Indicó que al parecer la sentencia no ha sido leída en toda su extensión en el país, ya que su aplicación constituye un atropello al país.
“Es que esa decisión fue tan lejos que prácticamente disuelve la existencia del registro civil”, apuntó.
La CIDH condenó al país, mediante sentencia, y le ordenó desconocer la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y dejar sin efecto toda norma constitucional, legal y reglamentaria con relación a los casos de la nacionalidad de descendientes de haitianos.
“Nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de revertir la suplantaciones ni las falsificaciones de documentos, porque hay una prohibición expresa en esa sentencia de que se investigue cualquier expediente que esté en esa condición”, agregó.
Presupuesto JCE
En otro orden, el presidente de la JCE anunció que hoy se reunirá el pleno de ese organismo para determinar las acciones que tomarán para buscar más recursos, en vista de que no le fue aumentada la partida presupuestaria como ellos reclamaban.
Aunque no quiso entrar en detalles “para no estar por encima del pleno”, Rosario dijo que, al parecer, algunos funcionarios del gobierno no han entendido la dimensión de la Constitución del 2010 que establece autonomía presupuestaria para distintas instituciones.
Rosario fue entrevistado en el Senado, a donde acudió para participar en un acto homenaje al pintor Miguel Núñez, por su colección de pintura del patricio Juan Pablo Duarte, en la colección del Bicentenario de la República.
Que acate sentencia
Sobre el tema de la sentencia de la CIDH hablaron también ayer representantes de Alianza por la Democracia (APD), quienes solicitaron la reconsideración de la postura del gobierno dominicano, por considerar que con el desconocimiento de ese fallo, los ciudadanos dominicanos son los quedan desprotegidos.
Así lo expresó el dirigente de la APD Francisco de León, quien sostuvo que si el país se empeña en desconocer la competencia de la CIDH, se arriesga a un aislamiento internacional y los dominicanos no tendrán dónde acudir cuando consideren que en los tribunales del país no se les han garantizado sus derechos.
En su visita al LISTÍN DIARIO, Francisco de León se hizo acompañar del integrante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Carlos Manuel Sánchez, quien manifestó que es una necesidad que el Estado acate la sentencia de la CIDH para evitar un retroceso en materia de derecho a nivel internacional.
Mientras que Max Puig, presidente de la APD, consideró como justa y merecida la condena de la CIDH en contra del Estado, y precisó que el fallo del Tribunal Constitucional (256-14) es irregular para negar la competencia de la Corte.
A finales del mes pasado, el Gobierno rechazó la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por considerarla “sesgada e inoportuna”, ya que la misma pasa por alto numerosas circunstancias, entre las cuales está la actual implementación del plan integral para la regularización y documentación de toda persona de origen extranjero que habita en el territorio dominicano.
Noviembre 7, 2014
La CIDH desautoriza al Tribunal Constitucional
DICE SENTENCIA NO TIENE SUSTENTO EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Washington, EEUU
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional, al alegar que la misma no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos.
Asimismo, expresó “su profunda preocupación” frente al pronunciamiento hecho por el Gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014, en el sentido de rechazar la sentencia de la CIDH del 28 de agosto de 2014, en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana.
El organismo se refiere al rechazo del TC en su sentencia del día 4 de este mes, mediante la cual se declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, depositado en la Organización de los Estados Americanos -OEA- el 25 de marzo de 1999.
Significó que durante los más de 15 años en que ha estado en vigencia la aceptación de la competencia de la CIDH, República Dominicana ha actuado en las medidas provisionales y casos contenciosos sometidos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violaciones a la Convención Americana que ocurrieron o continuaron ocurriendo con posterioridad al 25 de marzo de 1999.
“La invocación por parte del Tribunal Constitucional de la excepción contenida en el artículo 46 de la Convención de Viena, conforme al cual una violación manifiesta a una norma interna de “importancia fundamental” puede ser alegada como un vicio del consentimiento, resulta abiertamente incompatible con el derecho de los tratados, particularmente con los principios de buena fe y estoppel”, subrayó. Estimó que bajo los preceptos de este principio un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede luego asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de cosas en base al cual se guió la otra parte.
“Tampoco existe base en el derecho internacional para entender que la sentencia del Tribunal Constitucional puede tener efectos en el futuro. La Convención Americana no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte del Tratado se desvincule de la competencia de la Corte Interamericana”, explicó.
Indicó que la Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación frente al pronunciamiento hecho por el Gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014, en el sentido de rechazar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 28 de agosto de 2014, en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana.
“El rechazo del Gobierno dominicano a la sentencia del 28 de agosto tuvo lugar en un contexto de falta de cumplimiento por parte de República Dominicana con varias decisiones del sistema interamericano, en especial en lo relativo a las violaciones a los derechos humanos que resultan de la situación de discriminación estructural contra las personas de ascendencia haitiana que viven en el país”. El Estado dominicano expresa en el mismo pronunciamiento su compromiso con el Sistema Interamericano. Sin embargo, al desconocer sus obligaciones en materia de derechos humanos, voluntariamente contraídas a través de decisiones y acciones soberanas, el Estado dominicano contradice el compromiso expresado. Este tipo de acciones socava la protección que las personas sujetas a la jurisdicción del Estado dominicano tienen ante instancias internacionales de protección de los derechos humanos.
Asimismo, expresó “su profunda preocupación” frente al pronunciamiento hecho por el Gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014, en el sentido de rechazar la sentencia de la CIDH del 28 de agosto de 2014, en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana.
El organismo se refiere al rechazo del TC en su sentencia del día 4 de este mes, mediante la cual se declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, depositado en la Organización de los Estados Americanos -OEA- el 25 de marzo de 1999.
Significó que durante los más de 15 años en que ha estado en vigencia la aceptación de la competencia de la CIDH, República Dominicana ha actuado en las medidas provisionales y casos contenciosos sometidos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violaciones a la Convención Americana que ocurrieron o continuaron ocurriendo con posterioridad al 25 de marzo de 1999.
“La invocación por parte del Tribunal Constitucional de la excepción contenida en el artículo 46 de la Convención de Viena, conforme al cual una violación manifiesta a una norma interna de “importancia fundamental” puede ser alegada como un vicio del consentimiento, resulta abiertamente incompatible con el derecho de los tratados, particularmente con los principios de buena fe y estoppel”, subrayó. Estimó que bajo los preceptos de este principio un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede luego asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de cosas en base al cual se guió la otra parte.
“Tampoco existe base en el derecho internacional para entender que la sentencia del Tribunal Constitucional puede tener efectos en el futuro. La Convención Americana no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte del Tratado se desvincule de la competencia de la Corte Interamericana”, explicó.
Indicó que la Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación frente al pronunciamiento hecho por el Gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014, en el sentido de rechazar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 28 de agosto de 2014, en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana.
“El rechazo del Gobierno dominicano a la sentencia del 28 de agosto tuvo lugar en un contexto de falta de cumplimiento por parte de República Dominicana con varias decisiones del sistema interamericano, en especial en lo relativo a las violaciones a los derechos humanos que resultan de la situación de discriminación estructural contra las personas de ascendencia haitiana que viven en el país”. El Estado dominicano expresa en el mismo pronunciamiento su compromiso con el Sistema Interamericano. Sin embargo, al desconocer sus obligaciones en materia de derechos humanos, voluntariamente contraídas a través de decisiones y acciones soberanas, el Estado dominicano contradice el compromiso expresado. Este tipo de acciones socava la protección que las personas sujetas a la jurisdicción del Estado dominicano tienen ante instancias internacionales de protección de los derechos humanos.
Noviembre 4, 2014
RD ya no es miembro de la CIDH
EL CONSTITUCIONAL EMITIÓ LA SENTENCIA TC/0256/14, MEDIANTE LA CUAL DECLARA QUE EL PAÍS YA NO ES MIEMBRO DE LA CIDH, ORGANISMO DEPENDIENTE DE LA OEA
El Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0256/14, mediante la cual declara que el país ya no es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Tribunal declaró la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la CIDH suscrito por el presidente de la República Dominicana 19 de febrero de 1999.
Explicó que tomó la medida en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente la prevista en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011.
El tribunal toma esta decisión luego que el Estado dominicano se negara a acatar la sentencia del CIDH, en la que pide al país no cumplir con la sentencia 168-13, emitida por el TC, que establece los parámetros para obtener la nacionalidad dominicana.
Aquí: la sentencia del TC/0256/14
El Tribunal declaró la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la CIDH suscrito por el presidente de la República Dominicana 19 de febrero de 1999.
Explicó que tomó la medida en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente la prevista en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011.
El tribunal toma esta decisión luego que el Estado dominicano se negara a acatar la sentencia del CIDH, en la que pide al país no cumplir con la sentencia 168-13, emitida por el TC, que establece los parámetros para obtener la nacionalidad dominicana.
Aquí: la sentencia del TC/0256/14
Noviembre 2, 2014
El gobierno pone en su puesto a la CIDH
PINA, PARED PÉREZ Y RODRÍGUEZ MARCHENA ABOGAN POR LA SOBERANÍA
Santo Domingo
El Gobierno dominicano consideró ayer como una exigencia “inaceptable e imposible” el pedido que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que acate su sentencia de condena por alegadamente deportar haitianos y dominicanos de origen haitianos entre 1999 y 2000.
La Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y el Partido de la Liberación Dominicana alegaron que esto sería desconocer la sentencia 168-13, la Ley 169-14 y la Constitución de la República del año 2010.
“La Sentencia 168-13 fue evacuada por el Tribunal Constitucional; la Ley 169-14 fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional y la Constitución del año 2010 es el fruto del más amplio consenso político de nuestro país. Todas de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno dominicano”, dijo ayer la Presidencia a través de su director general de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena.
“De modo pues, que resulta ‘inaceptable’ para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana violar las disposiciones del Estado Dominicano. Pedirlo, como exige el CIDH, es un imposible de cumplir”, agrega.
“Señores CIDH, una vez más el pueblo y gobierno de República Dominicana les dice: Inaceptable su exigencia.
Nadie está obligado a lo imposible”, explicó el portavoz del gobierno a través de su cuenta de twiter.
Pina y Reinaldo
De su lado, el consultor jurídico, César Pina Toribio, dijo que lo que se está pidiendo es un absurdo, ya que “la República Dominicana tiene un orden constitucional que tiene que respetar”.
“Es que el TC es para la República Dominicana de una autoridad superior a la de la Comisión Interamericana”, dijo el funcionario entrevistado ayer en los actos conmemorativos del fallecimiento del profesor Juan Bosch.
Argumentó que en todas partes del mundo decidir sobre la nacionalidad le corresponde a las autoridades de ese país, no a ningún organismo internacional.
(+)
SOBERANÍA Y NACIONALIDAD
”Eso es absolutamente improcedente. Si hay un atributo esencial en la soberanía es en el otorgar la nacionalidad a quienes la Constitución dice que le corresponde”, agregó Pina.
Sobre la opinión de algunos sectores de que el país debe salirse de la CIHD, Pina dice que personalmente no está de acuerdo. Mientras que el secretario general del PLD y ex presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, también rechazó el pedimento.
“Es que a lo imposible nadie está obligado, dice un refrán jurídico.
Nosotros rechazamos categóricamente ese pedido. Este es un país enteramente soberano, con absoluta libertad para tomar la decisión que estime pertinente frente a emigrantes ilegales”, dijo Pared Pérez, entrevistado en la Casa Nacional del PLD Calificó de abusivo y destemplado el planteamiento de la CIDH.
La Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y el Partido de la Liberación Dominicana alegaron que esto sería desconocer la sentencia 168-13, la Ley 169-14 y la Constitución de la República del año 2010.
“La Sentencia 168-13 fue evacuada por el Tribunal Constitucional; la Ley 169-14 fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional y la Constitución del año 2010 es el fruto del más amplio consenso político de nuestro país. Todas de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno dominicano”, dijo ayer la Presidencia a través de su director general de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena.
“De modo pues, que resulta ‘inaceptable’ para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana violar las disposiciones del Estado Dominicano. Pedirlo, como exige el CIDH, es un imposible de cumplir”, agrega.
“Señores CIDH, una vez más el pueblo y gobierno de República Dominicana les dice: Inaceptable su exigencia.
Nadie está obligado a lo imposible”, explicó el portavoz del gobierno a través de su cuenta de twiter.
Pina y Reinaldo
De su lado, el consultor jurídico, César Pina Toribio, dijo que lo que se está pidiendo es un absurdo, ya que “la República Dominicana tiene un orden constitucional que tiene que respetar”.
“Es que el TC es para la República Dominicana de una autoridad superior a la de la Comisión Interamericana”, dijo el funcionario entrevistado ayer en los actos conmemorativos del fallecimiento del profesor Juan Bosch.
Argumentó que en todas partes del mundo decidir sobre la nacionalidad le corresponde a las autoridades de ese país, no a ningún organismo internacional.
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SOBERANÍA Y NACIONALIDAD
”Eso es absolutamente improcedente. Si hay un atributo esencial en la soberanía es en el otorgar la nacionalidad a quienes la Constitución dice que le corresponde”, agregó Pina.
Sobre la opinión de algunos sectores de que el país debe salirse de la CIHD, Pina dice que personalmente no está de acuerdo. Mientras que el secretario general del PLD y ex presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, también rechazó el pedimento.
“Es que a lo imposible nadie está obligado, dice un refrán jurídico.
Nosotros rechazamos categóricamente ese pedido. Este es un país enteramente soberano, con absoluta libertad para tomar la decisión que estime pertinente frente a emigrantes ilegales”, dijo Pared Pérez, entrevistado en la Casa Nacional del PLD Calificó de abusivo y destemplado el planteamiento de la CIDH.
Noviembre 1, 2014
Video: CIDH exige a la RD que acate la sentencia condenatoria
"No es meterse en asuntos internos. Son obligaciones internacionales", señala
WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió ayer a la República Dominicana que acate y convierta en un "elemento clave" de su legislación la sentencia de la CorteIDH, que condenó al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.
El país rechazó esta semana cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "por violar la soberanía de la nación dominicana", tema que se trató en la audiencia pública de la CIDH de la última jornada de su 153 periodo de sesiones, que se celebra en Washington.
"No es meterse en asuntos internos. Son obligaciones internacionales que la República Dominicana adquirió voluntariamente", señaló el comisionado Felipe González, en referencia a la adhesión de la República Dominicana a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El comisionado pidió al país que convierta esta sentencia en un "elemento clave" de su legislación, pues "si cada Estado interpreta los tratados internacionales como se le antoja, no tendría ningún sentido que hubiera tribunales internacionales encargados de su interpretación".
La desnacionalización desde 2013 -como fruto de una resolución constitucional- de algunas personas anteriormente consideradas como dominicanas, mayoritariamente de padres haitianos, supone "un problema de gran magnitud", advirtió González, en declaraciones a los periodistas tras la audiencia.
"No existe una situación comparable en términos de peligros de apatridia", alertó González, quien validó las cifras de la CIDH, que habla de la privación del derecho a la nacionalidad de 200.000 hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana, cifra que el Ejecutivo dominicano niega.
Por ello, los peticionarios pidieron hoy que deje de violarse "su derecho a la nacionalidad" y que se cumpla la sentencia, que fijaba que el Estado debe "regular un procedimiento de inscripción de nacimiento" para todas las personas nacidas en su territorio, independientemente de su ascendencia.
Así, ante la CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciaron las "ineficiencias" de la Ley 169-14, que fija un reglamento para que las personas nacidas en el país de padres extranjeros, que no tienen documentación, puedan obtener un documento que acredite su identidad y eventualmente la nacionalidad dominicana por naturalización.
"Esta solución no nos satisface", afirmó uno de los peticionarios, Natanael Santana (CEDAIL RD), quien criticó que la ley divida "en categorías" a los nacidos en República Dominicana y obligue a una parte de la población a decir que es extranjera para poder, posteriormente, adquirir la nacionalidad.
"El Estado sigue empecinado en entender que los dominicanos de ascendencia haitiana que han nacido en territorio de la República Dominicana son extranjeros. Lo que pedimos es que se reconozca el derecho de los dominicanos por haber nacido en el territorio y no por venir de padres haitianos", dijo Santana.
Ante estas acusaciones, la ministra consejera de la Misión de República Dominicana ante la OEA, Ellen Martínez, consideró que "un mito" rodea al país, que es "injustamente señalado".
"Hoy nos enorgullece decir que hemos creado sociedad inclusiva", afirmó Martínez, quien consideró la ley 169-14 como una muestra del "trabajo sin descanso del Gobierno para solucionar los problemas de registro y control migratorio de ciudadanos extranjeros".
Como resultado de esta ley, afirmó, 83.000 inmigrantes de más de 100 países han comenzado el proceso de regularización mediante un proceso gratuito, cuyos costes -25 millones de dólares- ha asumido el Estado.
"En menos de un año -subrayó martínez-, la República dominicana ha avanzado sustancialmente en materia de regularización y naturalización. Lo ha hecho más de lo que hacen países en décadas, y eso solo ha sido posible por voluntad política del presidente, Danilo Medina".
La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, valoró la intervención de Martínez, pero consideró que el Estado tenía una "excelente oportunidad" de responder a algunas preguntas.
"¿Cómo el Estado dominicano interpreta sus obligaciones dentro de la Corte Iberoamericana "vis a vis" (frente) a la Constitución dominicana, que se compromete a reconocer y aplicar las normas de derecho internacional?", preguntó la comisionada Rosa María Ortiz.
Martínez aseguró que estas cuestiones serán trasladadas a las autoridades dominicanas para que respondan por escrito.
La sentencia debe de cumplirse en un plazo de seis meses, según fijó la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica y cuyos fallos son de acatamiento obligatorio.
El país rechazó esta semana cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "por violar la soberanía de la nación dominicana", tema que se trató en la audiencia pública de la CIDH de la última jornada de su 153 periodo de sesiones, que se celebra en Washington.
"No es meterse en asuntos internos. Son obligaciones internacionales que la República Dominicana adquirió voluntariamente", señaló el comisionado Felipe González, en referencia a la adhesión de la República Dominicana a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El comisionado pidió al país que convierta esta sentencia en un "elemento clave" de su legislación, pues "si cada Estado interpreta los tratados internacionales como se le antoja, no tendría ningún sentido que hubiera tribunales internacionales encargados de su interpretación".
La desnacionalización desde 2013 -como fruto de una resolución constitucional- de algunas personas anteriormente consideradas como dominicanas, mayoritariamente de padres haitianos, supone "un problema de gran magnitud", advirtió González, en declaraciones a los periodistas tras la audiencia.
"No existe una situación comparable en términos de peligros de apatridia", alertó González, quien validó las cifras de la CIDH, que habla de la privación del derecho a la nacionalidad de 200.000 hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana, cifra que el Ejecutivo dominicano niega.
Por ello, los peticionarios pidieron hoy que deje de violarse "su derecho a la nacionalidad" y que se cumpla la sentencia, que fijaba que el Estado debe "regular un procedimiento de inscripción de nacimiento" para todas las personas nacidas en su territorio, independientemente de su ascendencia.
Así, ante la CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciaron las "ineficiencias" de la Ley 169-14, que fija un reglamento para que las personas nacidas en el país de padres extranjeros, que no tienen documentación, puedan obtener un documento que acredite su identidad y eventualmente la nacionalidad dominicana por naturalización.
"Esta solución no nos satisface", afirmó uno de los peticionarios, Natanael Santana (CEDAIL RD), quien criticó que la ley divida "en categorías" a los nacidos en República Dominicana y obligue a una parte de la población a decir que es extranjera para poder, posteriormente, adquirir la nacionalidad.
"El Estado sigue empecinado en entender que los dominicanos de ascendencia haitiana que han nacido en territorio de la República Dominicana son extranjeros. Lo que pedimos es que se reconozca el derecho de los dominicanos por haber nacido en el territorio y no por venir de padres haitianos", dijo Santana.
Ante estas acusaciones, la ministra consejera de la Misión de República Dominicana ante la OEA, Ellen Martínez, consideró que "un mito" rodea al país, que es "injustamente señalado".
"Hoy nos enorgullece decir que hemos creado sociedad inclusiva", afirmó Martínez, quien consideró la ley 169-14 como una muestra del "trabajo sin descanso del Gobierno para solucionar los problemas de registro y control migratorio de ciudadanos extranjeros".
Como resultado de esta ley, afirmó, 83.000 inmigrantes de más de 100 países han comenzado el proceso de regularización mediante un proceso gratuito, cuyos costes -25 millones de dólares- ha asumido el Estado.
"En menos de un año -subrayó martínez-, la República dominicana ha avanzado sustancialmente en materia de regularización y naturalización. Lo ha hecho más de lo que hacen países en décadas, y eso solo ha sido posible por voluntad política del presidente, Danilo Medina".
La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, valoró la intervención de Martínez, pero consideró que el Estado tenía una "excelente oportunidad" de responder a algunas preguntas.
"¿Cómo el Estado dominicano interpreta sus obligaciones dentro de la Corte Iberoamericana "vis a vis" (frente) a la Constitución dominicana, que se compromete a reconocer y aplicar las normas de derecho internacional?", preguntó la comisionada Rosa María Ortiz.
Martínez aseguró que estas cuestiones serán trasladadas a las autoridades dominicanas para que respondan por escrito.
La sentencia debe de cumplirse en un plazo de seis meses, según fijó la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica y cuyos fallos son de acatamiento obligatorio.
Octubre 25, 2014
Sugieren RD se desvincule de la CIDH
SENADOR PARED PÉREZ DICE EL PAÍS DEBE PONDERAR POSIBILIDAD DE ROMPIMIENTO
El senador del Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez, consideró ayer que el país debe ponderar la posibilidad de romper con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a sus actuaciones “prejuiciadas” en cada caso que conoce sobre el país.
“Parece ser que todo lo que huela a RD ya de antemano está precondenado o preconcebido a la condena”, dijo Pared Pérez, quien ofreció estas declaraciones al retirarse del Palacio Nacional tras reunirse con el presidente Medina.
Señaló que él se encargará de estudiar la posibilidad de salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que no vale la pena hacerse representar por esa entidad.
El legislador y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se cuestionó sobre si vale la pena participar o ser miembro de la CIDH en virtud de que, según dijo, siempre tiene una actitud y una conducta prejuiciada con relación a República Dominicana.
“Habrá que ponderar eso y yo creo que deberá sopesarse esa situación”, aseguró.
Ayer también la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía pidió al gobierno romper todo vínculo con la CIDH, para evitar más agresiones al país, como la sentencia en la que lo condena “por expulsiones sumarias” durante el año 1999 y el 2000.
Llamó al pueblo dominicano a unirse y organizarse para juntos lograr ese propósito y para defender la paz, el progreso y la felicidad.
La entidad consideró que la CIDH no tiene competencia para juzgar actos referentes a República Dominicana, por no ser parte de ningún acuerdo o convenio internacional que haya sido ratificado por el Congreso Nacional.
A su juicio, todo cuanto ventile y decida la CIDH sobre el país carece de valor legal, y solo tendrá interés político si el gobierno de turno entrega la soberanía nacional, violando la Constitución y siendo promotor y cómplice de sentencias en perjuicio del Estado dominicano.
Mientras, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dijo ayer en Barahona que esa alta corte defenderá la soberanía y la constitucionalidad de República Dominicana en cualquier circunstancia, frente aquellos que quieren lo contrario.
Ray Guevara, quien encabezó la presentación de los jueces del TC en esta ciudad, en un acto efectuado en el auditorio “Dr. Antonio Méndez” de la regional de la UASD, dijo que, “juramos garantizar la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales”.
El presidente Danilo Medina se referirá al tema, según reveló ayer también en Palacio la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, quien sin embargo no precisó dónde y cuándo hablaría el jefe del Estado, posterior a un rechazo formal de su gobierno a la condena de la CIDH.
Cedeño de Fernández descartó que la decisión asumida por el Gobierno conlleve sanciones al país y criticó la decisión del tribunal, por considerarla como un atentado a la separación de poderes de República Dominicana.
La noche del pasado jueves el Gobierno rechazó la sentencia de la CIDH que declara culpable a República Dominicana por supuestas violaciones a los derechos de ciudadanos haitianos que fueron deportados a su país entre los años 1999 y 2000, y la consideró como una decisión “extemporánea, sesgada e inoportuna”.
Octubre 24, 2014
Video: Gobierno de RD emite declaración de rechazo a sentencia CIDH
El Gobierno rechazó la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que declara culpable a República Dominicana por las supuestas violaciones a los derechos de haitianos que fueron deportados a su país entre los años 1999 y 2000, por considerarla “extemporánea, sesgada e inoportuna”.
Consideró que la sentencia 282 del 28 de agosto del presente año, pasa por alto numerosas circunstancias, entre las cuales citó la actual implementación del plan integral para la regularización y documentación de todas personas que habitan en el territorio dominicano.
Asimismo, manifestó su adhesión al artículo Uno del Convenio de la Haya, del año 1930, que faculta a cada estado a regular y determinar de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales.
“Este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable del Estado dominicano”.
En un comunicado divulgado por el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el Gobierno destaca que la CIDH ha ignorado aspectos relevantes de la historia dominicana reciente, que muestran la voluntad inequívoca de esta nación de modernizar y mejorar su marco legal, como lo es el caso de la constitución del 2010 que incluye derechos de tercera generación.
“El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación del mismo, en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad”, destaca el documento.
Agregó también el compromiso del Gobierno dominicano con el respeto a los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el país en materia de documentación.
Resaltó que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en el país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.
“Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implantación de soluciones”, destacó.
Declaró que el deber del Gobierno, en primer lugar, es defender la soberanía de República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en el territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.
“Creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido y será el mismo: construir sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin y es el de propiciar la felicidad a las personas”.
Recordó que la separación de los poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Reacciones a sentencia
A la respuesta del gobierno al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se agrega una ola de rechazo total en el país. Desde los dos cuerpos legislativos del país, juristas, historiadores, líderes políticos y ciudadanos comunes de la nación, han respondido con indignación ante el fallo del organismo internacional.
El senador Reinaldo Pared Pérez la calificó de “aberrante y totalmente prejuiciada” y defendió el derecho que tiene el país para aplicar una política migratoria.
El senador de Espaillat, José Rafael Vargas, entiende que la sentencia no se relaciona con República Dominicana porque la CIDH desconoce los derechos de soberanía, y por tal razón no hay que cumplir con lo que ellos dicen.
Vinicio Castillo Semán, diputado de la FNP, dijo que la sentencia incita a la rebelión y a un golpe de Estado Constitucional.
“Pido a las Fuerzas Armadas enviar tropas a la frontera, porque después de este fallo Haití se puede sentir alentado a entrar al país”, expresó.
Los diputados Demóstenes Martínez, Hugo Núñez, Máximo Silverio Casto y el vocero de los diputados del PLD, Rubén Maldonado, criticaron el fallo de la Corte. Castro Silverio, del PRSC, en Santiago, dijo que esa intromisión es “inaceptable en la soberanía de un Estado libre”.
Mientras, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, advirtió ayer que la soberanía dominicana es un asunto “sagrado e innegociable”.
(+)
EXPERTO JUAN MANUEL ROSARIO REPUDIA FALLO
El profesor y especialista en Derecho Internacional y Migratorio, Juan Manuel Rosario, juzgó ayer “absurda y aberrante” la sentencia de la CIDH que condenó al país por la presunta expulsión de haitianos y dominicanas y de violar sus derechos. Afirmó que ese fallo busca crear las condiciones para desintegrar la soberanía del país y sugirió que el Estado enfrente esta situación “a cualquier precio”.
Rosario, autor de más de una decena de libros relacionados con esta materia y redactor de la Ley de Migración 285-04, manifestó que el fallo de la CIDH pretende obligar al país a retroceder en sus derechos como nación soberana y como sujeto del Derecho Internacional, “para que poco a poco se vaya imponiendo una situación de hecho en torno a la relación dominico-haitiana”.
Consideró que la sentencia 282 del 28 de agosto del presente año, pasa por alto numerosas circunstancias, entre las cuales citó la actual implementación del plan integral para la regularización y documentación de todas personas que habitan en el territorio dominicano.
Asimismo, manifestó su adhesión al artículo Uno del Convenio de la Haya, del año 1930, que faculta a cada estado a regular y determinar de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales.
“Este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable del Estado dominicano”.
En un comunicado divulgado por el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el Gobierno destaca que la CIDH ha ignorado aspectos relevantes de la historia dominicana reciente, que muestran la voluntad inequívoca de esta nación de modernizar y mejorar su marco legal, como lo es el caso de la constitución del 2010 que incluye derechos de tercera generación.
“El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación del mismo, en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad”, destaca el documento.
Agregó también el compromiso del Gobierno dominicano con el respeto a los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el país en materia de documentación.
Resaltó que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en el país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.
“Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implantación de soluciones”, destacó.
Declaró que el deber del Gobierno, en primer lugar, es defender la soberanía de República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en el territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.
“Creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido y será el mismo: construir sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin y es el de propiciar la felicidad a las personas”.
Recordó que la separación de los poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Reacciones a sentencia
A la respuesta del gobierno al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se agrega una ola de rechazo total en el país. Desde los dos cuerpos legislativos del país, juristas, historiadores, líderes políticos y ciudadanos comunes de la nación, han respondido con indignación ante el fallo del organismo internacional.
El senador Reinaldo Pared Pérez la calificó de “aberrante y totalmente prejuiciada” y defendió el derecho que tiene el país para aplicar una política migratoria.
El senador de Espaillat, José Rafael Vargas, entiende que la sentencia no se relaciona con República Dominicana porque la CIDH desconoce los derechos de soberanía, y por tal razón no hay que cumplir con lo que ellos dicen.
Vinicio Castillo Semán, diputado de la FNP, dijo que la sentencia incita a la rebelión y a un golpe de Estado Constitucional.
“Pido a las Fuerzas Armadas enviar tropas a la frontera, porque después de este fallo Haití se puede sentir alentado a entrar al país”, expresó.
Los diputados Demóstenes Martínez, Hugo Núñez, Máximo Silverio Casto y el vocero de los diputados del PLD, Rubén Maldonado, criticaron el fallo de la Corte. Castro Silverio, del PRSC, en Santiago, dijo que esa intromisión es “inaceptable en la soberanía de un Estado libre”.
Mientras, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, advirtió ayer que la soberanía dominicana es un asunto “sagrado e innegociable”.
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EXPERTO JUAN MANUEL ROSARIO REPUDIA FALLO
El profesor y especialista en Derecho Internacional y Migratorio, Juan Manuel Rosario, juzgó ayer “absurda y aberrante” la sentencia de la CIDH que condenó al país por la presunta expulsión de haitianos y dominicanas y de violar sus derechos. Afirmó que ese fallo busca crear las condiciones para desintegrar la soberanía del país y sugirió que el Estado enfrente esta situación “a cualquier precio”.
Rosario, autor de más de una decena de libros relacionados con esta materia y redactor de la Ley de Migración 285-04, manifestó que el fallo de la CIDH pretende obligar al país a retroceder en sus derechos como nación soberana y como sujeto del Derecho Internacional, “para que poco a poco se vaya imponiendo una situación de hecho en torno a la relación dominico-haitiana”.
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